Tras la determinación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de la extradición a Estados Unidos de Maximiliano Dávila, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó este miércoles que acatará la decisión del Órgano de Judicial.
“En Bolivia vivimos en un estado de derecho y la obligación de las autoridades es cumplir y hacer cumplir la Constitución y las normas vigentes. Las decisiones que emanen de las máximas autoridades de nuestro país. Tenemos que dar cumplimento estos fallos del Órgano de Justicia, en este caso del Tribunal Supremo de Justicia que ha determinado la extradición de Dávila”, indicó la autoridad.
Votación
El presidente del TSJ, Marco Jaimes, informó que con el voto de siete magistrados a favor y dos disidencias se determinó la extradición de “manera inmediata” del exjefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) a Estados Unidos.
Explicó que Dávila se enfrenta a una condena de 20 años a cadena perpetua en uno de los dos delitos por el que se le acusa en Estados Unidos.
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“El primer delito tiene una pena de 20 años a cadena perpetua. El segundo delito 10 a 20 años”, aseveró el titular del TSJ.
El Ministro de Gobierno indicó también que aún no fueron notificados, pero una vez se conozca esta decisión, se analizará los informes correspondientes. Sin embargo, aclaró que a Dávila se le tratará “como cualquier persona que es buscada en nuestro territorio” y como cualquier narcotraficante será extraditado cumpliendo la normativa.
“Una vez que seamos notificados, vamos a dar a conocer cuál va a ser el procedimiento a seguir. Hay que garantizar gestiones consulares. Tendrá que venir un avión de Estados Unidos a recoger al señor Dávila, seguramente va a ser parte del procedimiento y la logística”, explicó.
Delitos
El exjefe policial es requerido en Estados Unidos por los delitos de asociación delictuosa por importar sustancias controladas y por el manejo de armas para el narcotráfico.
Dávila fue aprehendido el 22 de enero de 2022 cuando intentaba escapar por Villazón, frontera con Argentina.
En un inicio, el Ministerio Público lo acusó por el delito de ganancias ilícitas y amplió la investigación contra sus familiares y allegados. Pero no consideró el delito por narcotráfico, aunque tampoco lo descartó.
