El abogado Aldo Michel acusó al exministro de Justicia Iván Lima de obstruir los juicios contra la expresidenta Jeanine Áñez por las masacres de Senkata y Sacaba que se produjeron en la crisis poselectoral de 2019.
“Desde el Ministerio de Justicia se dilataron estos procesos durante más de tres años”, afirmó en La Razón Radio.
El domingo, Lima calificó el juicio ordinario contra la expresidenta Jeanine Áñez por la masacre de Senkata como un “capricho” del expresidente Evo Morales, y sugirió que el caso podría terminar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
A raíz de ello, la oposición sugirió anular los procesos contra Áñez. Incluso, el expresidente Carlos Mesa (2003-2005) pidió anular los juicios contra la exmandataria y, al contrario, procesar a Morales y otros.
En entrevista con La Razón Radio, Michel develó que, desde los primeros meses como titular de la cartera de Justicia, Lima se encargó de promover y posicionar la línea de juicio de responsabilidades. “No tiene asidero, ni fundamento constitucional”.
“En 2022 pretendió posicionar una competencia de un juicio de responsabilidades, pero se ratificó que el juicio ordinario y penal es el valido”, dijo Michel.
A su vez, reveló que Lima presentó una propuesta de acusación formal de procesamiento ante la Asamblea Legislativa “viciada” de errores. “En abril (de ese año), se develó que esta propuesta acusatoria tenía vicios, era ilegal”.
“El fiscal Juan Lanchipa dijo que Lima mandó, desde el Ministerio de Justicia, una propuesta que cambiaba la lista d ellos nombres de las víctimas de Senkata y Sacaba”, denunció.
En su criterio, Lima mostró varias acciones que beneficiaban la condición de los “autores del golpe de 2019, como Jorge Quiroga, Carlos Mesa y otros”. El jurista acusó a Lima de obstrucción y distracción de la justicia para “pretender” ignorar una realidad histórica.
El 2 de septiembre comenzó el juicio oral contra Áñez y 17 otras exautoridades que son acusadas por la comisión del delito de genocidio, esto relacionado con los hechos ocurridos el 19 de noviembre de 2019 en la zona de Senkata, municipio de El Alto, La Paz.
En aquel entonces, 10 personas fallecieron, todas a bala, por operaciones que ejecutaron los efectivos militares, amparados por el Decreto Supremo 4078, que los eximía de responsabilidades penales por el posible uso desmedido de la fuerza.
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