El Gobierno de Javier Milei resolvió quitarle el estatus de refugiado político en Argentina al expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, debido a que dicho beneficio fue utilizado “indebidamente” como herramienta política por el expresidente Alberto Fernández.
“El Ministerio de Justicia informa que cesó el estatus de refugiado otorgado al expresidente boliviano Juan Evo Morales Ayma. Dicho beneficio fue utilizado indebidamente como herramienta política para por el presidente Alberto Fernández, omitiendo el cumplimiento de los requisitos que establece la Ley N° 21.165”, señala parte del comunicado del Ministerio de Justicia de Argentina.
Morales retornó al país el 9 de noviembre de 2020 tras su abrupta salida del país después de su renuncia a la presidencia, el 11 de noviembre de 2019, tras las denuncias de un supuesto fraude electoral y asediado por las protestas de sectores afines a la oposición.
El exmandatario regresó a Bolivia después de que el MAS, con Luis Arce y David Choquehuanca, ganó las elecciones de octubre de 2020 con más del 55%.
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Morales cruzó desde Argentina, en la frontera de Villazón, acompañado por quien fue su vicepresidente Álvaro García Linera y varios de sus exministros. Hasta el límite con Bolivia, en La Quiaca, fue acompañado por el entonces presidente argentino Alberto Fernández.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto otorgó asilo a Morales y a cuatro ex ministros el 12 diciembre de 2019. Días más tarde, el expresidente empezó los trámites con los que consiguió el estatus definitivo de refugiado.
En el documento del Ministerio de Justicia de Argentina, se recuerda que Morales llegó a Argentina “tras huir” de Bolivia en 2019 luego de intentar “perpetuase en el pode mediante un fraude electoral”. “Fue recibido con privilegios injustificados, pese a las graves acusaciones que pesaban sobre él, entre ellas corrupción, fraude electoral y persecución política de opositores”.
Añade que desde entonces retomó su liderazgo en la política boliviana y viajó libremente a su país, lo cual demuestra que no enfrenta “los peligros” que justificaba la protección humanitaria del refugio. Aclara que el estatus de refugio es un derecho que de ser otorgado con seriedad y “no como herramienta de conveniencia política”.
“Este Gobierno de ninguna manera utilizará los recursos de los argentinos para proteger a criminales, terroristas o intento de dictadores. No ayudamos a quienes siembran el terror y atentan contra la democracia”.
