En un hecho ‘histórico’, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz le otorgó tutela a la Defensoría del Pueblo para velar por los derechos afectados de las comunidades indígenas y de la Madre Tierra a causa de los incendios forestales.
“La Defensoría del Pueblo se va a constituir como la instancia institucional que encabece ese control ciudadano que nos va a permitir tener información del Estado acerca de lo que está haciendo para (restaurar y) prevenir seriamente los incendios”, explicó Pedro Callisaya, defensor del pueblo.
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Tutela
La tutela se logró luego de que Callisaya presentara una acción popular contra varias autoridades a quiénes identificó como responsables de las llamas que arrasan al oriente boliviano.
Ahora, la Defensoría, junto a las organizaciones sociales, podrá hacer seguimiento de las acciones que tome el Gobierno para cumplir los planes de prevención y reparación para los que fueron afectados por los incendios.
“Justamente con esta resolución constitucional, lo que vamos a buscar es articular esa exigencia de la población hacia el Estado. Todas las organizaciones de la sociedad civil tienen ahora la posibilidad, a partir de esta resolución constitucional, de hacer esa exigencia y hacer el control ciudadano”, afirmó Callisaya.
Según explicó la autoridad, la determinación de la Sala Constitucional Segunda establece que el Gobierno deberá presentar informes trimestrales sobre las acciones que se realizan para evitar los incendios.
De igual manera, las instituciones accionadas del nivel nacional, departamental y municipal deberán rendir informes dos veces al año sobre el avance de ejecución sus planes de reparación de los daños causados por los incendios, así como las medidas de prevención.
