Dina Chuquimia, exvocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), informó este jueves que presentó un amparo constitucional contra el presidente Luis Arce y la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, para que dejen sin efecto el Decreto Presidencial 5141 y pueda ser restituida al cargo de vocal del Órgano Electoral.
“En estas jornadas pasadas se ha presentado un amparo constitucional contra el presidente Luis Arce, pidiendo a la Justicia, esta vez, ya no directamente a él que resuelva la situación en la que me han colocado el pasado 4 de abril, cuando un decreto presidencial, totalmente inconstitucional me ha sustituido en mi cargo en el Tribunal Supremo Electoral”, dijo.
Chuquimia entonces delegada por el presidente Arce al TSE fue destituida por un decreto presidencial el 4 de abril y en su lugar se designó a Gustavo Ávila como nuevo delegado presidencial ante el Órgano Electoral.
Tras su destitución, el Gobierno señaló que Chuquimia asumiría otras funciones. Al respecto, Chuquimia indicó que recibió una llamada de Cancillería, pero que no asistió a ninguna reunión con esta entidad, debido a que ya había hecho llegar una queja formal al presidente Arce.
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Chuquimia reiteró que el amparo constitucional fue presentado al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, además contra el acto “de suspensión o acortamiento” de mandato constitucional. “Este decreto me ha acortado el mandato constitucional dado por la Constitución Política del Estado que es de seis años inamovible a todos los vocales del Órgano Electoral”.
“Yo desde abril pasado he ido presentado los reclamos en antecedente, lo que estaba pasando tanto el presidente del Estado como a los vocales del Tribunal Supremo Electoral”.
Indicó que el decreto es inconstitucional y que no existe la figura de sustitución que utilizó el Gobierno el 4 de abril. “Estoy pidiendo que los vocales o jueces ordenen para que los servidores recurridos, es decir, el Presidente y la Ministra de la Presidencia, en un plazo de 48 horas, abroguen y dejen sin efecto legal el Decreto Presidencial 5141, que prácticamente ha designado al vocal Antonio Ávila. O, en su caso, el tribunal de garantías anule o deje sin efecto el decreto supremo”.
