La presidenta peruana, Dina Boluarte, aseguró este viernes que su Gobierno enfrentará «con mano dura» la delincuencia que viene afrontando el país, una situación que le llevó el pasado 26 de septiembre a declarar estado de emergencia en varios distritos de Lima.
«Ningún peruano merece ser víctima de los delincuentes que, mediante el miedo y la intimidación, intentan arrebatarles su paz, su dignidad. Hoy reafirmamos nuestro compromiso de enfrentar a la delincuencia con mano dura», afirmó la mandataria durante la inauguración de la central telefónica 111 contra las extorsiones.
Boluarte advirtió que a la Policía Nacional del Perú (PNP) no le temblará la mano para actuar y que lo hará «sin contemplaciones de ningún tipo», ya que «en esta guerra no hay tiempo que perder, (y) el Perú nos necesita unidos para enfrentar la delincuencia».
Agregó que «la extorsión tiene las horas contadas y nuestra lucha frontal contra el crimen y la delincuencia no se detiene», pues se está «intensificando desde todos los frentes».
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Delincuencia
Aprovechó para asegurar que con la creación de la central telefónica de la PNP «le decimos a cada compatriota que no están solos. Que tienen un camino para denunciar» a los delincuentes.
Explicó que esta central policial es un servicio gratuito y confidencial. Que permitirá hacer denuncias de manera inmediata sobre cualquier caso de extorsión, a fin de recibir la protección oportuna de la Policía.
Interconectado a la Central de Emergencia 105, este servicio estará a cargo de la División de Secuestros y Extorsiones. Recibirá imágenes, audios y videos que los ciudadanos deseen compartir como pruebas para facilitar la investigación.
Dato
Toda esta información también será analizada por el Grupo Operativo de Respuesta Inmediata a la Extorsión.
Es importante recordar que el Ejecutivo presentó la víspera ante el Congreso un proyecto de ley que modifica el Código Penal para incorporar el «delito de terrorismo urbano». También establecer varias sanciones contra quienes comentan sicariato y extorsión.
Este dispositivo legal califica el terrorismo urbano como «los actos que generen zozobra» en la población. O un sector de ella mediante delitos de extorsión y sicariato, y establece sancionar a quienes lo comentan con pena privativa de libertad no menor de 30 años.
Además, considera «castigar con cadena perpetua» si el perpetrador pertenece a las Fuerzas Armadas o a la PNP. Así como si emplea armamento, material de guerra o artefactos explosivos. Y si utiliza armas, municiones o explosivos militares o policiales, o si recurre a un menor de edad.
