La directora de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil, Alejandra Rocha, aclaró que la investigación contra el expresidente Evo Morales fue abierta por el delito de trata y tráfico de personas en la ciudad de Tarija.
Sin embargo, la orden de aprehensión fue emitida por la supuesta comisión del delito de estupro. Eso, en criterio de la autoridad, motivó a la defensa jurídica del líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) a presentar una acción de libertad, que finalmente fue concedida por un Tribunal de Garantías y quedó nula la orden de captura.
“La comisión de fiscales asignada al caso, bajo la supervisión de la exfiscal departamental de Tarija Sandra Gutiérrez, emitió la orden de aprehensión por un delito diferente al que inicialmente se investigaba (…); éste es un hecho grave, que no debió haber ocurrido”, explicó Rocha.
Evo Morales
A pesar de las declaraciones de la funcionaria, la resolución de aprehensión firmada por la otrora directora de la Unidad de Trata y Tráfico de Tarija, Pamela Obando, además de los fiscales Cristian Antonio Guerrero y Andrés Soruco, describe los delitos de trata y tráfico y estupro agravado.
Una vez conocida la nulidad de la orden de aprehensión, Gutiérrez atribuyó el extremo a supuestas instrucciones del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, a quien también acusó de propiciar su destitución por impulsar la captura de Morales.
Sin embargo, en conferencia de prensa, Lanchipa desmintió esas declaraciones y dijo que la aprehensión se anuló debido a “errores” de procedimiento, y sobre el alejamiento de la exfiscal, sostuvo que se debe a “negligencia en su trabajo”.
Investigación
Al respecto, Rocha indicó que, al contrario, el Fiscal General dispuso la conformación de un equipo especializado para reforzar las investigaciones y corregir los errores procedimentales detectados.
“La tramitación de este proceso continúa en etapa preliminar, en ningún momento se ha detenido la investigación, tampoco se descarta la posible recalificación del delito conforme se vayan obteniendo mayores elementos probatorios dentro de este proceso penal”, explicó Rocha ante especulaciones de un supuesto “cierre” del caso.
El viernes, la misma funcionaria informó en conferencia de prensa que el caso fue declarado en reserva judicial por un lapso de 10 días, esto con el fin de precautelar los derechos de las supuestas víctimas, la madre adolescente y su hija.
