El domingo 10 de octubre de 1982, Bolivia dejaba atrás una de sus páginas más oscuras de su historia, la época de las dictaduras militares que golpearon al país desde 1964. Los paramilitares y dictadores causaron terror, desapariciones forzadas, torturas, violencia y muerte.
Aquel domingo, Hernán Siles Zuazo asumía la presidencia y el país, en medio de festejos, comenzaba un periodo de democracia, que, obviamente, tuvo luces y sombras. En algunos periodos se vio asechada por distintos conflictos que, por poco, acabaron con esa larga etapa.
En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, a días de conmemorar el Día de la Democracia, el exministro Reymi Ferreira, el abogado Yerko Ilijic y la representante de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd) Ruth Llanos analizaron la salud de la democracia.
Los panelistas coincidieron en que los principales escollos de la democracia son la debilidad del Estado de derecho, la fragilidad institucional, la crisis judicial y las masacres que se suscitaron en el periodo democrático.
Ferreira consideró que el país tiene una democracia con imperfecciones, con luces y sombras, y que develó ciertas debilidades, como la debilidad del Estado de derecho.
El Estado de derecho es aquel en que los cuatro poderes, interdependientes y coordinados, representan a la población. Según World Justice Project (Proyecto de Justicia Mundial) existen ocho factores que componen el Estado de derecho: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.
En la misma línea, Ilijic afirmó que, pese a los avances en términos de inclusión, el país suele fallar en el Estado de derecho. Lo justificó con los juicios inconclusos a exautoridades, como Luis García Meza y Gonzalo Sánchez de Lozada, entre otros.
Por su parte, Llanos indicó que, a lo largo de los “41 años de democracia” (resta el año de la ruptura constitucional con Jeanine Áñez), el aparato judicial no hizo que se sancione a quienes cometieron delitos, como la desaparición forzada, en el periodo dictatorial. “Los que torturaron nunca fueron castigados”.
“La impunidad ha sido un tema permanente apoyado por abogados y una justicia que nunca ha funcionado. Hubo impunidad, crisis judicial y fallas en el Estado de derecho”.
En coincidencia con ella, Ferreira aseveró que el gran reto de la democracia boliviana es el Estado de derecho. Recordó la brutalidad policial que se empleó a lo largo de los años, como el caso del hotel Las Américas de 2009.
“El tema que tenemos es el Estado de derecho, la brutalidad policial en la época de (Jaime) Paz Zamora (NdR: caso CNPZ, del 11 de junio de 1990). La misma brutalidad en el hotel Las Américas. La brutalidad policial sigue siendo la misma”, reclamó.
Ferreira recordó las masacres que ocurrieron en los últimos años. “Hubo tres terribles masacres. La de 2003, con 70 muertos y 500 heridos; la de 2008 (masacre de Porvenir) y la de 2019 (Senkata y Sacaba) en plena democracia. Las masacres no se quedaron con las dictaduras”.
La masacre de Porvenir ocurrió el 11 de septiembre de 2008 en cercanías de municipio de Pando, cerca de Cobija, durante el gobierno de Evo Morales. Tuvo como resultado la muerte de 13 campesinos y de dos funcionarios de la otrora Prefectura de Pando debido a un ataque armado de civiles. Entonces fue detenido el prefecto Leopoldo Fernández, acusado de propiciar la agresión.
En 2003 estalló un conflicto social que emergió de la decisión de gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa de exportar gas natural por Chile. Las principales demandas de la Guerra del Gas eran a la no exportación del gas natural hasta que existiera una política para abastecer el mercado interno.
El conflicto tuvo como resultado 67 muertos, que posteriormente, con las investigaciones, ascendió a más de 70, y 417 heridos. La Masacre de Octubre fue propiciada por efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana.
Ya en 2019, ocurrieron las masacres de Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba) bajo el mandato de Jeanine Áñez. El 15 de noviembre, 10 civiles perdieron la vida y otros 120 resultaron heridos en Sacaba. El 19 de noviembre, en cercanías de Senkata, barrio de la ciudad de El Alto, otros 10 manifestantes perdieron la vida y se registraron 78 heridos.
En ambos casos, policías y militares reprimieron las movilizaciones al amparo del Decreto Supremo 4078, del 14 de noviembre, que los eximía de responsabilidad penal.
“La Justicia no investiga para detener a los culpables (de hechos graves). Mientras que, por un comentario, uno se va a la cárcel, esa práctica sigue presente desde (Mariano) Melgarejo”, reclamó Ferreira.
De ese modo, sugirió trabajar en una conciencia nacional y evitar la politización de los hechos. “Lo peor es que quiere hacer una agenda política sobre esto y echar la culpa a los últimos 15 o 20 años”.
La Razón publicó este lunes un reportaje que repasó 14 crisis políticas, entre ellas la interrupción de la democracia en 2019, que afectaron el periodo de 42 años de la democracia. En ese lapso hubo tres sucesiones constitucionales —de Jorge Quiroga a Hugo Banzer, de Mesa a Sánchez de Lozada y de Eduardo Rodríguez a Mesa— y una proclamación, de Áñez ante la renuncia de Evo Morales, que fue calificada como “golpe de Estado”.
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