La ONG Save the Children negó estar involucrada en tráfico de niños migrantes en Guatemala, un día después de que la fiscalía allanara cinco sedes de la organización en el país.
Los allanamientos fueron dirigidos por el fiscal Rafael Curruchiche, quien denunció «posibles vulneraciones y abusos en contra de la niñez guatemalteca», por supuesto tráfico de niños migrantes que viajan solos hacia Estados Unidos.
«Reafirmamos que nunca hemos facilitado ningún traslado de niños, niñas o adolescentes fuera de Guatemala», dijo la ONG en un correo electrónico enviado a la AFP tras los allanamientos en sus oficinas en dos municipios fronterizos con Honduras y tres poblados mayas.
«Tras las alegaciones previas contra nuestra organización este año, confirmamos que no se encontraron pruebas de irregularidades», añadió la ONG con sede central en Reino Unido, en alusión al allanamiento de su sede nacional en la capital de Guatemala, en abril.
El primer allanamiento tuvo lugar 12 días después de divulgarse en la prensa local que la fiscalía de Guatemala había pedido a su similar de Texas colaboración para investigar un supuesto tráfico de niños guatemaltecos en la frontera sur de Estados Unidos, y que involucraría a oenegés como Save the Children.
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En una carta, el secretario general de la fiscalía de Guatemala, Ángel Pineda, solicitó al fiscal general de Texas, Ken Paxton, su «atención» a una «situación grave» por una denuncia recibida de una supuesta «compleja red» de tráfico de menores no acompañados.
Según Pineda, la denuncia alertaba de un «patrón de desaparición» en Guatemala de niños que luego eran encontrados sin protección de sus padres en albergues de Texas, sitios con antecedentes de «denuncias» de «abuso sexual».
«Estamos profundamente comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas. Estamos colaborando con las autoridades y cuidando de nuestro personal», afirmó Save the Children.
La ONG comenzó a trabajar en Guatemala en 1976 tras un terremoto que devastó al país y se estableció formalmente en 1983. En la actualidad tiene proyectos de educación, salud, nutrición y asistencia a familias migrantes, entre otros.
Curruchiche, Pineda y su jefa, la fiscal general, Consuelo Porras, han sido sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea, por considerarlos «corruptos» y antidemocráticos».
