Para evitar el contrabando a la inversa, el Gobierno aprobó un decreto supremo que regula la Ley 100, de Seguridad en Frontera, cuyo fin es el control de productos llevados hacia las zonas fronterizas y luego sacados del país de manera ilegal.
“Con esta medida continuaremos garantizando la estabilidad de los precios y el abastecimiento de alimentos para las familias bolivianas a precios justos”, afirmó el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca.
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Decreto
El decreto supremo establece medidas de prevención y control. Una de ellas, que responde a una solución de corto plazo al problema que atraviesa el país, es la elaboración de una lista de alimentos que pueden ser trasladados hacia las fronteras.
“Hoy por hoy necesitamos controlar el traslado del arroz, carne de pollo, aceite, azúcar, carne de res, papa”, afirmó el ministro.
Esos productos son los más “contrabandeados” hacia países vecinos, donde cuestan incluso más del doble de precios que en Bolivia.
Huanca explicó que el decreto establece también la emisión de certificados de abastecimiento para garantizar el volumen suficiente de quienes viven en zonas fronterizas y que estos no se vean afectados. De esta manera, si se transporta en demasía, se realizará el decomiso, pues el Gobierno verificará con el certificado que esa región tiene abastecimiento.
Sin embargo, esta norma no alcanza al traslado de alimentos destinados al consumo doméstico. Asimismo, la exportación formal tampoco se verá afectada, debido a que cuenta con la autorización correspondiente.
Oficinas
Además, el ministro explicó que se gestionará, junto al Ministerio de Defensa, la apertura de oficinas regionales del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando en los municipios fronterizos para una rápida respuesta.
La aprobación del decreto responde a un incremento del ‘contrabando al inverso’; mediante el cual los productos bolivianos son llevados a otros países para venderse, inclusive, al doble de precio.
Para detener este delito, el presidente Luis Arce ordenó la militarización de las zonas fronterizas, medida para la que se desplazó 1.000 efectivos militares.
