Una reciente investigación de Oxfam Bolivia, titulada “A Fuego y Mercurio. Crisis Ecológica y Desigualdades en Bolivia”, reveló que la gobernanza ambiental en Bolivia enfrenta serias limitaciones a pesar de contar con un marco legal que reconoce los derechos de la naturaleza y promueve el Vivir Bien.
El estudio señaló que, en la práctica, “la aplicación de estas leyes es débil, y actores clave de sectores extractivos como la minería y el agronegocio operan con pocas restricciones”.
Añadió que la influencia económica de estos sectores permite que continúen sus actividades, muchas veces al margen de las normativas, contribuyendo a la deforestación y a la contaminación.
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“Este estudio nos invita a reflexionar sobre cómo el modelo de desarrollo basado en una economía extractivista no solo ha perpetuado, sino también ampliado las desigualdades y vulnerabilidades. Nos preguntamos cómo, y en qué medida, las formas de producción y explotación, tanto legales como ilegales, están generando una crisis ecológica mientras profundizan las brechas de inequidad”, explica Lourdes Montero Justiniano, directora país de Oxfam en Bolivia.
El informe también resaltó la necesidad “urgente” de fortalecer las instituciones encargadas de la protección ambiental y de aplicar de manera efectiva las leyes que regulan el uso de los recursos naturales. “Sin una acción decidida por parte del Estado, los daños ambientales continuarán afectando de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables del país”.
