El excívico Marco Pumari señaló este viernes que el caso Golpe I es una medida política contra aquellas personas que se movilizaron por el “fraude” electoral que se realizó en 2019. Indicó también que “todos” los juicios y procesos que se armaron “ya están con sentencia”.
Pumari, la expresidenta Jeanine Áñez y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, además de exaltos mandos militares y policiales, se volverán a reunir nuevamente en el inicio del juicio oral y presencial programado para el lunes 14, a las 09.00, en el Tribunal Sexto de Sentencia Penal Anticorrupción de La Paz.
El excívico indicó que la “intención” de trasladarlo se lo va a ejecutar, puesto que el Gobierno “no se hacen ningún problema”. Sin embargo, dijo también que “el tiempo para ellos está corto”.
Cambio
“Se ve claramente que va a existir un cambio de gobierno y ahí vamos a poder demostrar todas las vulneraciones de nuestros derechos hasta este momento”, dijo Pumari a Continental Potosí.
Desde sus redes sociales, también escribió que en “2020 los muy valientes tuvieron que mandar más de dos mil policías a mi pueblo para secuestrarme, porque ni orden de detención tenían contra mí, y hoy el cobarde Evo Morales escapa de su propia justicia corrupta” (sic).
Dijo que no “se escapa ni se corre” y que los muy “valientes que metieron a inocentes a la cárcel no se atreven a hacer lo mismo con un verdadero criminal que es su exjefe”.
“Ya seremos libres porque se termina su tiempo, la verdad sale a luz porque es algo imparable. Sin revanchas ni resentimiento señores, solo con el espíritu más fuerte para cambiar nuestra Bolivia y decirles a mis secuestradores que sus acciones en contra mía fortalecen más mis convicciones”.
El excívico cumple la detención preventiva en la cárcel de Cantumarca de Potosí, es acusado por la quema del Tribunal Electoral Departamental durante la crisis de noviembre de 2019.
Querella
A finales de 2020, la exdiputada Lidia Patty (MAS) interpuso una querella penal contra los políticos que promovieron la dimisión del entonces presidente Evo Morales en noviembre de 2019, al que se denominó caso Golpe de Estado I.
El caso refiere a los hechos ocurridos en 2019, que derivaron en la renuncia del entonces presidente Evo Morales. Dentro de este caso se encuentran Camacho, Áñez, además de exjefes militares.
Según la denuncia, la exlegisladora llegó al poder tras reuniones extralegislativas de políticos y cívicos opositores, y representantes diplomáticos y de la Iglesia Católica. Primero, se proclamó como presidenta del Senado, sin el respectivo quórum, y luego como mandataria del Estado.
Cuatro exaltos jefes militares ya fueron condenados a dos y tres años de presidio por cumplir en las cárceles de San Pedro de La Paz y Palmasola de Santa Cruz, así como los exministros de Justicia y de Energías, Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, respectivamente. Ambas exautoridades recibieron una pena de dos años, bajo los delitos de encubrimiento y asociación delictuosa.
