En días previos a la inauguración de la última Asamblea General de las Naciones Unidas, el 24 de septiembre, se realizó una cumbre que concluyó con la aprobación del Pacto por el Futuro. La convocatoria a esta cumbre fue una iniciativa del Secretario General de la ONU, António Guterres, quien en 2021 consideraba que el contexto sería favorable para convencer a los dirigentes del mundo de la necesidad de remediar las insuficiencias del sistema multilateral para encarar desafíos que afectan a toda la humanidad.
Pero eso era antes de la brutal agresión a Ucrania desencadenada por Rusia en febrero de 2022. Antes también del genocidio en curso del pueblo palestino perpetrado por el Estado de Israel, so pretexto de los ataques mortales contra aldeas israelíes cometidos por el movimiento Hamas el 7 de octubre de 2023. En estas circunstancias, no es de extrañar que la Cumbre del Futuro haya tenido poco eco. El Consejo de Seguridad, la única instancia de las Naciones Unidas con facultades para sancionar a los países que violan el derecho internacional, ha sido paralizado porque Estados Unidos, Rusia y China han ejercido reiteradamente su derecho de veto para bloquear toda resolución dirigida a detener estas guerras.
Decisiones
En un comunicado publicado en los días previos a la Cumbre del Futuro, Guterres señalaba: «La toma de decisiones en el plano internacional es anacrónica. Muchas instituciones de la esfera internacional son producto de los años cuarenta, anteriores a la globalización, a la descolonización, al reconocimiento generalizado de los derechos humanos universales». Al respecto, el Pacto por el Futuro señala la necesidad de ampliar el Consejo de Seguridad para que represente mejor la composición actual de las Naciones Unidas. En particular, señala la necesidad de reparar la injusticia histórica cometida contra África, que es el único continente que no tiene representante entre los miembros permanentes del Consejo.
Con relación a la espinosa cuestión del derecho de veto, el Pacto llama a intensificar los debates sobre la limitación de su alcance y uso. Ahora cabe recordar que esta facultad ha sido la condición de participación de las grandes potencias en las Naciones Unidas. Sin veto, los Estados Unidos y la URSS (hoy Rusia) no hubiesen adherido a la ONU. Este es un nudo duro de cualquier reforma sustancial del sistema multilateral de hoy.
El Pacto por el Futuro reafirma que los tres pilares de las Naciones Unidas son la paz y seguridad, el desarrollo y los derechos humanos. En el ámbito del financiamiento del desarrollo, sin embargo, se suele pasar por alto que el mandato de la ONU ha sido truncado desde su origen por la creación en paralelo del FMI y el Banco Mundial, que no responden a la autoridad del Consejo Económico y Social (ECOSOC), el órgano rector de las Naciones Unidas en la materia.
Pacto
El ECOSOC y sus organismos especializados han asentado una formidable capacidad de diagnóstico y construcción de indicadores que han sustentado la determinación de objetivos de desarrollo sostenibles (ODS) universalmente reconocidos. Al respecto, el Pacto por el Futuro constata que en la mayoría de los ODS se avanza con demasiada lentitud o inclusive se ha retrocedido. Expresa su profunda preocupación por el creciente déficit de financiación de los ODS e insiste en la necesidad de reformar el sistema financiero internacional para dar más voz y representación a los países en desarrollo.
En el terreno, las agencias de la ONU se han constituido en la mayor fuerza de asistencia humanitaria del planeta. En todos los continentes han organizado miles de operaciones de socorro, distribuyendo alimentos y medicinas y construyendo refugios. Sus funcionarios arriesgan a menudo su vida, como sucede actualmente en el territorio palestino y en Líbano.
Por lo que se refiere a los derechos humanos, se destaca la excepcional producción normativa que ha seguido a la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Numerosas convenciones han sido aprobadas que son referentes internacionales ineludibles para la eliminación de todas las formas de discriminación. Varios mecanismos han sido creados para monitorear el ejercicio de los derechos humanos en la gran mayoría de los Estados.
Derecho
Ante la parálisis del Consejo de Seguridad, es desde el ámbito judicial internacional que han surgido las resoluciones más significativas para condenar las graves violaciones del derecho internacional de los últimos años. La Corte Internacional de Justicia (CIJ), el órgano judicial de las Naciones Unidas que juzga los litigios entre Estados, ha aceptado tratar la denuncia presentada por Sudáfrica contra el Estado de Israel por violar la convención para la prevención y sanción del delito de genocidio. Reconociendo que esta acusación es plausible, la CIJ ha emitido hasta la fecha tres ordenanzas de medidas cautelares a cargo de Israel, mientras examina el fondo de la demanda. En un proceso distinto, y a petición de la Asamblea General de la ONU, la CIJ emitió también en julio de 2024 una opinión consultiva que determina que la presencia de Israel en los territorios palestinos ocupados de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este es ilegal y violatoria de varios tratados de derechos humanos.
La Corte Penal Internacional (CPI), que tiene por mandato juzgar a individuos acusados de cometer crímenes de genocidio y lesa humanidad, por su parte evalúa actualmente las órdenes de detención solicitadas en mayo de 2024 por su fiscal jefe en contra del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, su ministro de defensa y dos dirigentes de Hamas. La CPI emitió también órdenes de detención contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y dos militares rusos de alto rango.
Por cierto, el alcance práctico de estas resoluciones es limitado. Pero en el contexto actual no se debería subestimar sus repercusiones simbólicas y políticas. Dotan a los pueblos víctimas de sólidas armas jurídicas y marcan narrativas a partir de un reconocimiento de los hechos difícilmente contestables a nivel internacional.
Pacto y sanciones
Estas determinaciones contribuyen además a corregir los desequilibrios en la aplicación del derecho internacional que es percibido por muchos como un instrumento de doble rasero al servicio de los más fuertes. En el curso de las últimas décadas, los derechos humanos han sido invocados a menudo para infligir de manera unilateral sanciones económicas e incluso invadir algunos países, provocando caos y empeorando la situación de los pueblos que se pretendía proteger. Frente a ello, muchos países del sur han reafirmado el principio de no injerencia de la Carta de las Naciones Unidas que prohíbe la intervención en los asuntos internos de los Estados. Esta posición ha llevado incluso a varios Estados a rechazar todo tipo de observación a la violación de derechos en sus territorios.
Los mecanismos de la ONU para promover los derechos humanos, con todas sus limitaciones, abren un espacio entre el mesianismo intervencionista, por un lado, y el silencio cómplice, por el otro. Se trata de buscar algún punto de equilibrio entre la preservación de la paz y la defensa de los derechos humanos. Requiere pensar geopolítica con cabeza fría mientras se mantienen firmes compromisos humanistas.
El Pacto abre escenarios moderados para revitalizar el multilateralismo en el marco de las Naciones Unidas. Pese a todo, la ONU sigue siendo el único foro donde todos los países tienen voz y voto, y que se ha abierto a la participación de actores de la sociedad civil. No existen actualmente las condiciones para encarar una refundación de las organizaciones internacionales, pero no quisiéramos que esta reforma se piense después de alguna catástrofe mundial. No queda más que mantener con vida lo que existe y persistir en la defensa de nuestros ideales, con la esperanza de que a mediano plazo se plasmen escenarios más auspiciosos para una renovación sustancial del multilateralismo en el mundo multipolar de hoy.
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