El Vaticano publicó su primer informe sobre la protección de menores en la Iglesia, en el que pide agilizar la destitución de sacerdotes acusados de abusos sexuales y mejorar el acompañamiento de las víctimas.
La Comisión Pontificia para la Protección de Menores del Vaticano, órgano consultivo creado en 2014 por Francisco, debe en principio presentar cada año un informe sobre el tema.
Presentado como una ‘primera etapa’, este esperado informe «documenta los riesgos que sigue habiendo y los avances que se pueden hacer en los esfuerzos de la Iglesia para proteger a los niños y a los adultos vulnerables», indicó la Comisión en el Vaticano.
En abril de 2022, el papa, al frente de una comunidad de 1.400 millones de católicos, pidió un informe a esta comisión para tener información «fiable de lo que ocurre y de lo que debe cambiar».
Los miembros de la comisión, nombrados directamente por el papa, son expertos religiosos y laicos en diversos ámbitos relacionados con la protección de las personas, como la educación, el derecho, la psicología, la psiquiatría o los Derechos Humanos.
La instancia fue integrada en 2022 en la Curia pero ha sido objeto de duras críticas.
«Verdad, justicia, reparaciones y reformas institucionales deben servir como punto de referencia y fundamento de nuestro trabajo», indicó en el informe el presidente de la comisión, el cardenal Sean O’Malley.
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‘Acceso a la verdad en al Vaticano’
Tras consultar a líderes religiosos y fieles en varios continentes, la comisión constató que la máxima prioridad es la exigencia de las víctimas de acceder a ‘la verdad’.
La Iglesia debe «estudiar medidas que garanticen a todos el derecho a la información», en particular «sobre las circunstancias y responsabilidades», indicó el órgano.
La víctima necesita saber, por ejemplo, qué ha sido de su agresor, si no se lo va a encontrar en su parroquia local, en misa o en clases de catequesis.
Para ello, la comisión sugiere crear una suerte de defensor del pueblo. También propone crear una «definición más uniforme de la vulnerabilidad» extrayendo enseñanzas de los testimonios de las víctimas.
En el marco de las auditorías, una de las víctimas se mostró sorprendida de que «la parte menos extenuante de todo el proceso fuera la agresión». «Lo realmente terrible es cuando te atreves a denunciar, momento en el que el mundo empieza a derrumbarse sobre ti», lamentó.
La comisión también considera necesario agilizar «los procedimientos de destitución» de los responsables eclesiásticos acusados en casos de pedocriminalidad.
El informe indica que el proceso debe realizarse ‘cuando esté justificado’, pero no precisa si tiene que abrirse en caso de sospechas y denuncias o al final de un proceso judicial, sea canónico o civil.
Todos estos esfuerzos, resaltó la comisión, con importantes disparidades en las percepciones culturales dentro de las sociedades y dentro de la propia institución, obstáculos administrativos y falta de formación.
En África, por ejemplo, la comisión constató que ‘la cultura de la protección es un concepto nuevo’, que requiere «sensibilización, información, formación y desarrollo de competencias».
En México, en cambio, ‘importantes barreras culturales’ se interponen al imperativo de denunciar la violencia sexual y, por tanto, «constituyen un claro obstáculo al proceso de justicia».
Llamados a más transparencia
Desde que fue nombrado en 2013, Francisco ha impulsado varias medidas contra la lacra de las violencias sexuales: eliminación del secreto pontificio en el Vaticano, obligación de comunicar cualquier sospecha de agresión sexual o acoso, cualquier intento de tapar un incidente por parte de la jerarquía, enmienda de las sanciones penales.
Pero las asociaciones de víctimas consideran que las acciones emprendidas siguen siendo insuficientes, y critican que el clero no esté obligado a denunciar eventuales delitos ante la justicia civil, salvo si las leyes del país así lo estipulan. En cualquier caso, el secreto de confesión sigue siendo total.
«Se debe poner en marcha una verdadera tolerancia cero en todo el mundo», dijo en abril a AFP Anne Barret Doyle, codirectora de la oenegé estadounidense Bishop Accountability, que documenta casos de violencia sexual dentro de la Iglesia.
Según ella, cualquier cura «acusado de forma creíble de haber agredido a un niño o a un adulto debe ser excluido definitivamente del ministerio público».
Otra prioridad sería, afirma, «publicar los nombres y los detalles de los casos de sacerdotes que la Comisión juzgue culpables de agresión sexual».
«La responsabilidad empieza por divulgar la información», agregó, considerando que «el papa Francisco demostró una aversión total por la transparencia».
