Vivimos tiempos difíciles en el país por el desequilibrio radical de los términos de intercambio comercial de nuestras exportaciones tradicionales, la sequía de nuevos proyectos en hidrocarburos y minería, la falta de dólares en el mercado local por estos fenómenos y la letanía de sustitución de importaciones que no se concreta; solo vivimos del comercio informal de un mercado interno que no puede sustituir, pese a sus esfuerzos, a los rubros tradicionales que fueron por décadas el “salario” del país. Tan informal es nuestra economía que en la gestión pasada casi el 50% del valor de las exportaciones mineras provino de la exportación de oro, producto de la minería informal e ilegal de los aluviones auríferos del norte del país. ¿Por qué no hay nuevos proyectos ni inversión privada pese al potencial minero y por qué solo la minería informal puede generar grandes excedentes para los operadores? Una de las razones viene de las reglas de juego impuestas por la Ley Sectorial 535 y por algunas regulaciones constitucionales que aprietan el cinturón de los operadores formales y dan rienda suelta a los operadores informales.
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Sin entrar en detalles, quiero referirme hoy al government take, concepto anglosajón usado comúnmente para referirse a la parte, generalmente porcentual, que toma un gobierno del valor bruto generado por un proyecto, de acuerdo con la tributación obligatoria para el operador determinada por la legislación vigente. En el caso de la minería formal se han hecho muchos ejercicios de cálculo de este rubro y los resultados son realmente poco alentadores para un inversor que quiera operar en Bolivia. Al margen de los impuestos regulares que todos debemos pagar (IVA, IT, etc.), la minería formal está sujeta a un régimen de pago de regalías sobre el valor bruto de la producción (RM) y a un régimen de impuestos a las utilidades presuntas y su alícuota adicional (IUE 25%+AIUE 12,5%) que constituyen una pesada carga que denomino “camisa de fuerza” y que ocasiona que los operadores piensen dos veces cuando intentan generar inversiones de riesgo en el país (exploración, prospección, etc.), y es la razón oculta que genera el aumento de operadores informales (cooperativas, minería artesanal, etc.), que tienen un régimen especial de regalías (2,5% del valor bruto y exenciones para lo que llaman minería marginal), no están obligados a pagar los impuestos mencionados y operan en el mercado, también informal, para acceder a materiales y suministros. Todo esto es obviamente una ventaja que hace que todos quieran ser informales y que la sequía de inversiones en proyectos se agudice cada día más en el país.
El sistema de regalías en Bolivia se calcula sobre el valor bruto de ventas con una escala de entre 3% y 7% para los metales comunes de nuestra producción (artículo 277 de la Ley 535), Argentina usa una escala de entre 0% y 3% sobre ventas; ahora se tiene una propuesta de subir la escala hasta 5%, que está siendo fuertemente rechazada por las instituciones de productores y comercializadores de ese país (clubminero.com, 30/05/24); Chile y Perú usan escalas sobre margen operativo (1,72% a 6,05% para Chile y 2% a 5,75% para Perú, según la información asequible). Resulta obvio que nuestro sistema es poco competitivo con los vecinos y no toma en cuenta el margen operativo de cada proyecto; no es lo mismo un margen operativo de 65% que otro muy marginal de 35%, este parámetro puede compensar el riesgo de la inversión si se lo aplica correctamente. Hay muchos incentivos que se pueden aplicar para atraer inversiones: estabilidad por 30 o más años, devolución de gastos de prospección y exploración, del IVA y de gastos de responsabilidad social empresarial (RSE), entre otros, que hacen que, por ejemplo, Argentina sea hoy un refugio preferido de nuevas inversiones mineras. Todo lo anterior complementado con un duro impuesto IUE+AIUE, más la alícuota por remesas de dividendos (12,5%), más la inédita regulación de coparticipación mayoritaria del Estado de las utilidades (55% mínimo para proyectos en áreas fiscales; artículo 148. I de la Ley 535), configuran, como veremos más adelante, un esquema de government take que inevitablemente ahuyenta nuevas inversiones como viene ocurriendo en el país en las dos décadas precedentes.
(*) Dionisio J. Garzón es ingeniero geólogo, exministro de Minería y Metalurgia
