El Gobierno de Argentina presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) por la «detención arbitraria» y la desaparición forzada del ciudadano argentino Nahuel Gallo, un gendarme que se encuentra bajo detención e investigación en Venezuela tras intentar ingresar al país caribeño, informó este jueves el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina.
La cancillería de Argentina indicó en un comunicado que «este hecho constituye una violación grave y flagrante de los derechos humanos, evidenciando un patrón sistemático de crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en la República Bolivariana de Venezuela, los cuales se encuentran claramente bajo la jurisdicción de la CPI».
«La República Argentina informa que ha presentado una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) por la detención arbitraria y desaparición forzada del ciudadano argentino Nahuel Gallo, ocurrida el 8 de diciembre de 2024 en la República Bolivariana de Venezuela, señalando al fiscal general Tarek William Saab en el marco de este caso», indicó la cartera a cargo del canciller Gerardo Werthein.
Agregó que «el Gobierno argentino continuará utilizando todos los recursos legales y diplomáticos para garantizar los derechos del ciudadano Nahuel Gallo, proteger los derechos humanos y exigir justicia internacional».
La Fiscalía General de Venezuela informó el pasado 27 de diciembre que Gallo se encuentra bajo detención. También investigación tras intentar ingresar irregularmente a ese país.
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Desaparición forzada
De acuerdo con las autoridades venezolanas, Gallo habría ocultado un plan delictivo relacionado con presuntas actividades terroristas, bajo el pretexto de una visita personal.
La Fiscalía venezolana precisó en un comunicado que el detenido estaría vinculado a un grupo. Y con apoyo de sectores de la ultraderecha internacional, pretendía ejecutar acciones desestabilizadoras en territorio venezolano.
Gallo, añadió, permanece a disposición de un juez, conforme a lo estipulado en la Constitución y las leyes nacionales. También señaló que la familia del procesado ha sido utilizada como parte de una campaña mediática en su contra.
La institución indicó que el Gobierno de Venezuela se mantiene vigilante ante cualquier amenaza contra la estabilidad del país y sus instituciones legítimas.
Ese día, el canciller Werthein dijo durante una conferencia de prensa en la ciudad de Buenos Aires que se llevan a cabo «gestiones públicas. Así como otras reservadas» con el objetivo de lograr la liberación de Gallo.
Por su parte, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, dijo en esa conferencia de prensa que «Gallo entró (a Venezuela) con todos los papeles legales. Hizo todos los trámites que tenía que hacer y hasta pagó las tasas que había que pagar, informó la dirección donde iba a parar».
La funcionaria rechazó que Gallo quisiera «ingresar irregularmente» a Venezuela.
«Lo que no fue legal fue la forma en la que lo secuestraron en la frontera», dijo Bullrich.
De acuerdo con la prensa de Argentina, Gallo, de 27 años, fue detenido el 8 de diciembre. Cuando desde Colombia quiso cruzar a Venezuela por el Puente Internacional Francisco de Paula Santander.
La familia del gendarme dijo que Gallo, de vacaciones, había viajado a Caracas para ver a su hijo de dos años. Quien estaba con su madre.
