Con el inicio de 2025, comenzó a regir el nuevo Presupuesto General del Estado (PGE), que incluye una disposición para que el Banco Central de Bolivia (BCB) pueda utilizar las Reservas Internacionales Netas (RIN), particularmente las de oro, como garantía para acceder a préstamos internacionales por hasta $us 3.000 millones. Esta medida ha despertado críticas y preocupaciones entre analistas económicos.
Omar Velasco destacó que el presupuesto incrementa en $us 1.000 millones la emisión de deuda, lo que refleja una creciente necesidad de financiamiento externo por parte del Gobierno.
“Se está explorando una nueva alternativa financiera, los préstamos con colaterales, donde el oro actúa como garantía. Sin embargo, comprometer un activo tan crucial para la estabilidad de las reservas representa un riesgo significativo”, advirtió en contacto con La Razón.
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Reservas
Velasco también enfatizó en la necesidad de una estrategia más ambiciosa para la adquisición de oro en 2025, enfocándose en su valorización, más allá del volumen.
Desde la promulgación de la Ley del Oro, en mayo de 2023, el BCB compró 18,63 toneladas de oro. Sin embargo, paradójicamente, las reservas de oro redujeron en comparación con finales de 2023.
Por su parte, Alberto Bonadona fue más crítico al calificar las políticas del BCB como «malabarismos de flujo de caja».
Según el analista, esta estrategia equivale a empeñar un bien valioso sin garantizar su recuperación. “El oro de Bolivia, como en todos los países, está certificado y depositado en bancos internacionales. Aunque su pignoración es técnicamente posible, a este ritmo económico, el país corre el riesgo de no recuperar lo empeñado, agravando su fragilidad económica”, explicó.
Bonadona también advirtió sobre la volatilidad del valor del oro, que fluctúa según los mercados internacionales.
“Esta práctica puede ser necesaria en el corto plazo, pero parece más un acto desesperado que una política sostenible. Es como un alcohólico que empeña lo último que tiene para seguir con la fiesta”, concluyó.
La decisión de utilizar las RIN como garantía para préstamos internacionales subraya los desafíos fiscales que enfrenta el país. Sin embargo, el debate sobre la sostenibilidad de esta medida continúa abierto, en medio de la preocupación por su impacto a largo plazo en la economía nacional.
