Reunidos en Cochabamba, productores, exportadores, gremiales y transportistas del país rechazan la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) sobre decomisos y exigen al Gobierno “corregir ese error funesto”, que generará un escenario para la arbitrariedad y extorsión de funcionarios públicos.
Asimismo, atribuyen el alza de precios en varios productos de la canasta familiar a la falta de dólares y el desabastecimiento de combustibles; que son “de exclusiva responsabilidad del Gobierno nacional”.
“Para contrarrestar la subida de los costos de producción, el Gobierno debe resolver de manera urgente la falta de dólares colocando mayor disponibilidad; porque en el exterior pagamos el mismo precio por los productos que importamos, lo que encarece es la falta de esta divisa en nuestro país”, dice un comunicado emitido este miércoles, luego del encuentro.
La disposición séptima establece que las entidades competentes podrán activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos; que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos.
“Solicitamos al poder legislativo y ejecutivo, corregir este error funesto para la producción y el abastecimiento a la población nacional; abrogar la Disposición Adicional Séptima de la Ley 1613 (del PGE 2025)”, complementa la nota.
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Disposición
Además, afirman que el elevado incremento de los costos de producción, transporte y comercialización, provocados por la falta de dólares y combustible, inviabilizan a miles de actores de la cadena productiva. “Esto repercutirá de forma directa en la oferta de productos a la población”, alertan.
Lamentan que las autoridades de Gobierno, en lugar de buscar soluciones de fondo, apliquen “la intervención y el amedrentamiento que lejos de resolver la escasez de productos, la profundiza”. Y ponen como ejemplo las últimas acciones asumidas que no resuelven la falta de arroz y aceite.
Remarcan que la disposición séptima del PGE genera inseguridad jurídica para todos los actores de la cadena de producción y suministro.
En la nota, también alertan que la más damnificada con esa medida será la población y se generará un escenario propicio para la arbitrariedad y extorsión de funcionarios públicos; porque “nadie producirá a pérdida o para que le confisquen sus productos con el pretexto de especulación”.
“Se requiere que las autoridades den una solución inmediata y definitiva al desabastecimiento de carburantes; llevamos más de un año con alta inestabilidad en el abastecimiento, esto se resuelve con oferta de producto hasta cubrir la demanda; mientras eso no pase, se seguirá afectando a las cadenas de abastecimiento de forma negativa”.
Participantes
Participaron del encuentro la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro), la Confederación de Gremiales de Bolivia, la Cámara de Transporte (CBT).
Además, la Federación Departamental de Gremiales de Cochabamba, la Federación Departamental de Gremiales de Santa Cruz, la Cámara de Exportadores de Bolivia (Cadex); la Cámara de Exportadores de Cochabamba (Cadexco) y la Cámara De Exportadores de Santa Cruz (Cadex).
También participaron la Cámara Nacional de Industria Oleaginosa (Caniob), Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO); Cámara Agropecuaria De Cochabamba.
También productores de cerdo, apícolas, avícolas, bananeros, de flores, verduras y hortalizas.
En la misma línea, el martes la Cámara Nacional de Comercio alertó que la disposición séptima del PGE, pone en riesgo a miles de empresas privadas.
