La Sala Plena Tercera de La Paz niega la cesación a la detención preventiva de los dirigentes evistas Ramiro Cucho y Humberto Claros y determina que continúen en la cárcel de Patacamaya de La Paz.
“A criterio de él (juez) los señores Ramiro Cucho y Humberto Claros deben seguir privados de libertad. Hemos logrado enervar (debilitar) dos riesgos, el domicilio y ese peligro de fuga, pero ha mantenido el artículo 237, peligro para la víctima y la sociedad”, indicó Jhon Rioja, defensa de ambos dirigentes.
El jurista cuestionó la determinación e indicó que el razonamiento del juez no es “vinculante y favorable al derecho”. Ante este hecho, indicó que presentará una acción de libertad contra el vocal de esta sala penal.
Dijo que espera que les toque un juez en derecho que modifique esta resolución y emita una medida menos gravosa. “Como abogado en derecho no podemos permitir este tipo de fundamentos realizados por autoridades jurisdiccionales carentes del debido proceso”.
Además, cuestionó que no se haya avanzado en la investigación y que, pese a pedir cinco meses para la indagación, a la fecha no se ha realizado la inspección técnica ocular en la localidad de Parotani, Cochabamba.
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Respecto a la situación de Cucho y Claros en el penal de Patacamaya, Rioja indicó que ambos están con la moral alta porque saben que “son presos políticos”.
“Saben que tarde o temprano van a salir, son presos políticos”.
Los dirigentes evistas, a la cabeza del Pacto de Unidad, lideraron los 24 días de bloqueo de caminos en el departamento de Cochabamba, que dejó incomunicado el occidente y oriente del país.
El Gobierno informó que, durante ese periodo de movilizaciones, el país tuvo una afectación económica que superó los $us 2.200 millones en los sectores productivos.
Los dirigentes evistas son investigados por los delitos de instigación pública a delinquir, terrorismo y otros y la Justicia determinó la detención preventiva en la cárcel de Patacamaya por cinco meses, mientras dure el proceso de investigación.
Por el bloqueo de caminos, también el dirigente campesino Ponciano Santos y el exministro Juan Ramón Quintana son requeridos por la Justicia; sin embargo, ambos se declararon en la clandestinidad.
