El ampliado nacional de los gremiales, realizado en los departamentos capitales del país, decidió otorgar un plazo al Gobierno hasta el 31 de enero para derogar la disposición adicional séptima de la Ley 1613, correspondiente al Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. En caso de no ser atendidos, anunciaron una gran marcha nacional para el 4 de febrero.
“El plazo al Gobierno es hasta el 31 de enero. Si no eliminan esta disposición confiscatoria, el 4 de febrero se reactivarán las movilizaciones en todo el país”, declaró el dirigente gremial, Jesús Cahuana, tras el encuentro que reunió a representantes del sector de todo el territorio nacional.
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Disposición
La disposición observada por los gremiales faculta al Gobierno a confiscar productos acopiados con el fin de abastecer el mercado interno. Si bien autoridades aclararon que la medida busca frenar el contrabando y la especulación, el sector considera que esta normativa vulnera sus derechos y afecta directamente a los pequeños comerciantes.
Además, los gremiales exigieron al Órgano Ejecutivo que se prohíba la donación de arroz a Cuba.
“El Gobierno obsequia toneladas de arroz cada año, mientras aquí es un producto de primera necesidad que muchas familias no pueden adquirir”, cuestionó Cahuana.
El ampliado también resolvió declarar el estado de emergencia permanente en todo el país y autorizó a las federaciones departamentales y regionales a coordinar con otros sectores sociales en preparación para la movilización.
‘Unir fuerzas’
En el departamento de La Paz, la marcha se realizó junto a los prestatarios y una parte del transporte público, además de juntas vecinales.
Cahuana aseguró que la protesta del 4 de febrero será masiva y buscará sumar a otros sectores productivos y sociales afectados por la normativa.
Contra la disposición, también están los industriales, los empresarios y los productores agropecuarios, debido a que consideran que el mayor control estatal desincentivará la producción.
“Es hora de unir fuerzas y exigir respeto a nuestros derechos”, afirmó el dirigente.
Sin embargo, la disposición adicional séptima todavía no se encuentra en vigencia, debido a que el Gobierno espera elaborar la reglamentación correspondiente con la participación de todos los sectores interesados.
