Un tribunal de justicia de Perú anuló por fallas en la acusación un juicio en curso por lavado de activos contra la excandidata presidencial Keiko Fujimori, en el marco del escándalo de Odebrecht, y ordenó reiniciar el proceso.
El juicio a la hija del expresidente Alberto Fujimori y más de 40 acusados vinculados a su partido Fuerza Popular había comenzado el 1 de julio de 2024, en medio de gran expectativa mediática.
«Desarrollar un juicio con una imputación deficiente constituye una puerta abierta hacia la arbitrariedad», estimó el juez Max Vengoa, tras comunicar el fallo.
Según el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional existe inconsistencia y falta de objetividad de la fiscalía en las imputaciones contra los acusados.
La fiscalía había pedido en este caso una condena de 30 años y 10 meses de cárcel para Keiko Fujimori, de 49 años.
La decisión de la Corte se basó en una reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anuló la acusación fiscal contra el exsecretario general de Fuerza Popular, José Chlimper, uno de los coacusados junto a Fujimori.
La sentencia del TC ordenó que el proceso retorne a una fase intermedia, conocida como control de acusación, donde un juez verifica si la acusación cumple los requisitos para dar paso a un juicio oral.
Si la impugnación de la fiscalía no prospera, la fiscalía deberá revisar la acusación y presentar una nueva.
Fujimori, líder de Fuerza Popular, el principal partido de derecha de Perú por el cual se postuló tres veces a la presidencia, es acusada de recibir 1,2 millones de dólares ilegalmente del gigante brasileño de la construcción Odebrecht para las campañas de 2011 y 2016. Ella siempre proclamó su inocencia.
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La Fiscalía la acusa por lavado de activos y crimen organizado, obstrucción a la justicia, así como declaración falsa en un procedimiento administrativo.
El fiscal también pidió que sea inhabilitada para ejercer cargos públicos por 15 años, lo que la dejaría fuera de carrera para las elecciones presidenciales de 2026.
Aunque en 2011 y 2016 estaban permitidos los aportes a las campañas por parte de empresas extranjeras, el Ministerio Público la procesó por no haber declarado el ingreso de dinero de Odebrecht.
La defensa de la excandidata alega que el dinero por el que pretenden sancionar a Fujimori es de origen lícito, por lo que «no es lavado de activos», según Loza.
