En un comunicado reciente, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) expresó su profunda preocupación por la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que autoriza el decomiso de productos y mercancías por parte del Gobierno.
El empresariado señaló que la norma causa “inseguridad y zozobra”, por lo que se la debe dejar sin efecto de manera inmediata para no generar “conflictos sociales” innecesarios.
“Pedimos al gobierno nacional que se consideren de manera urgente los ajustes normativos que corresponda para dejar sin efecto esta medida que ocasiona incertidumbre y desconfianza en las empresas y genera conflictos sociales innecesarios”, señala el comunicado de la confederación.
También le puede interesar: Advierten que los materiales de construcción incrementaron su precio un 80%
Disposición
La denominada “disposición confiscatoria” es altamente criticada por el sector productor, industrial, comercial y empresarial, debido a que consideran que el Estado intervendrá en sus actividades.
Sin embargo, de acuerdo con el Gobierno, la medida afectará únicamente a aquellos que se dediquen al agio y la especulación, pues la norma autoriza el decomiso de productos que se acopien con el objetivo de venderse a un precio elevado más adelante.
La CEPB, por su parte, comparte la postura oficialista de luchar contra estas actividades irregulares, pero señala que se debe realizar el control donde “realmente” se presentan.
“Los empresarios hacen un llamado a fortalecer las acciones dirigidas a combatir el contrabando, el agio y la especulación en los sectores donde realmente se producen estos problemas”, indica el documento.
Coordinación y diálogo
De esta manera, el sector rechaza la postura del Gobierno sobre el rol de los productores y empresarios en el encarecimiento de precios de los alimentos y productos de primera necesidad.
Asimismo, la CEPB considera que se debe entablar una “coordinación y diálogo” previos antes de que se aplique “cualquier decisión que afecte a los sectores productivos».
El Gobierno, por su parte, explicó que la disposición no entrará en aplicación hasta que se realice la reglamentación correspondiente con todos los sectores interesados, a los cuales convocó a una mesa de diálogo para esclarecer algunos puntos.
