Los sectores empresariales, productivos, de transporte y gremiales advierten con movilizarse a partir del 10 de febrero si el Gobierno no deroga la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) sobre decomisos.
El segundo ampliado multisectorial se reunió este martes en La Paz con la participación de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Cámara Nacional de Industrias (CNI); Cámara del Transporte del Oriente, Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro), Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex); Cámara Nacional de Exportadores (Caneb), Confederación Sindical de Trabajadores y otros.
El encuentro ratificó su rechazo a esa disposición y la calificó como “un atentado contra la propiedad privada y la producción”, según el presidente de la CAO, José Luis Farah.
Al respecto, el presidente de la CNI, Pablo Camacho, dijo que la norma ataca a la propiedad privada y al “eslabón más fácil, que es el pequeño, mediano empresario”.
Asimismo, Farah anunció que el tercer ampliado multisectorial se realizará el 30 de enero en Sucre y esperan tener una respuesta hasta ese día. En caso de que no sea así, en el encuentro definirán las movilizaciones y medidas que asumirán a partir del 10 de febrero.
“No podemos permitir la invasión, porque eso de confiscar la propiedad privada no es permitido; más bien lo que se debe hacer es un mensaje de paz para seguir trabajando por Bolivia”, dijo Farah.
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Disposición
En tanto, el dirigente del transporte pesado, Domingo Ramos, lamentó la desatención del Gobierno a las demandas de los sectores productivos y dijo que, en caso de su sector, están en una situación crítica.
“Estamos con diferentes problemas por la falta de combustible; no podemos sacar nuestro dinero de los bancos cuando nos depositan en dólares”, lamentó y criticó que el Gobierno no dé soluciones a sus demandas.
El ampliado también determinó pedir la “implementación de un nuevo modelo basado en la familia, propiedad privada, seguridad jurídica y acceso a la biotecnología”. Y trabajar con un programa económico que dé soluciones a todos los sectores.
El ampliado se declaró en estado de emergencia y movilización permanente.
La disposición adicional séptima del PGE 2025 establece que, “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.
El Gobierno anunció que la norma no entrará en vigencia en tanto no se elabore la reglamentación en consenso con los sectores que la objetan.
