El Colegio de Economistas de Santa Cruz expresó su preocupación por el contrato firmado entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la empresa rusa Uranium One Group, que contempla la construcción de una planta de carbonato de litio bajo un modelo “llave en mano”. La entidad advirtió sobre riesgos financieros, falta de estudios técnicos y poca transparencia en el proceso de selección del socio estratégico.
Según el pronunciamiento, el contrato implica una deuda de $us 975 millones para Bolivia, con un plazo de pago de 20 años. Sin embargo, no se han detallado los costos operativos ni la rentabilidad del proyecto, lo que impide evaluar su viabilidad financiera.
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Contrato
Además, el denominado “modelo llave en mano” limita la transferencia de tecnología y el desarrollo del capital humano boliviano, generando dependencia externa.
El Colegio también alertó sobre la falta de estudios de prefactibilidad que evalúen aspectos técnicos, económicos, ambientales y legales del proyecto. Señalan que el marco normativo aplicado es confuso y contradictorio, generando incertidumbre jurídica que podría ahuyentar inversiones privadas.
Otra observación relevante es la falta de claridad en la selección de Uranium One Group como socio estratégico, ya que el proceso no se habría realizado bajo los procedimientos establecidos en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES), afectando la transparencia del proyecto.
Ante estas observaciones, el Colegio de Economistas recomendó realizar un estudio de factibilidad integral, fortalecer el marco normativo para proyectos de inversión, garantizar la transferencia tecnológica y mejorar la transparencia en los procesos de contratación. Asimismo, sugirió la participación del sector académico y profesional en la supervisión del proyecto para asegurar el cumplimiento de estándares internacionales.
La institución reiteró su compromiso de colaborar con las autoridades para aportar asistencia técnica especializada y contribuir al desarrollo sostenible del país.
La postura del Colegio se suma a la de muchos otros sectores que acusan que los contratos para la industrialización de litio están siendo irregulares y son poco transparentes, poniendo en riesgo la soberanía de los recursos evaporíticos.
El Gobierno, por su parte, explicó el domingo que el Estado tendrá el 51% de utilidades y que la trasnacional solo explotará 1,64% de las reservas del litio.
