Insistiendo una vez más con la importancia de la medida, el Gobierno convocó a todos los sectores que se consideran afectados por la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) a reuniones para aclarar que la norma que se pretende implantar no es en desmedro de sus actividades y no los perjudicará.
“La invitación se hace de manera pública y se la hace de manera formal a todos los sectores; (la reunión) se realizará entre el lunes y el miércoles en instalaciones del Ministerio de Justicia, en La Paz y así continuar con las reuniones”, informó el titular de la cartera de Estado donde se realizarán los diálogos, César Siles.
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Disposición
La invitación se extendió a los representantes de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Cámara Nacional de Industrias (CNI), Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb) y a los sectores gremiales. Las reuniones se realizarán de manera diferenciada entre el lunes y el miércoles de la próxima semana, debido a que los intereses de cada institución varían.
Siles explicó que hay cuatro verbos que molestan a estos sectores, que amenazaron con movilizaciones a partir de febrero.
“La disposición hace una clara diferenciación entre cuatro verbos rectores que preocupan a los sectores movilizados”, indicó el ministro.
Dos de ellos son ‘controlar y fiscalizar’. Sin embargo, estas dos acciones ya son competencia de las autoridades municipales y del Gobierno, para verificar los precios en los centros de abasto y multar a aquellos que tiendan a cobrar un costo excesivo.
Los otros dos verbos son ‘confiscar y decomisar’. Siles explicó que esta facultad ya le corresponde al Ministerio Público, sobre todo con la mercadería de contrabando.
Por ello, la autoridad considera que la disposición contempla aspectos que ya están vigentes y se aplican actualmente, pero se debe trabajar de manera conjunta en su reglamentación.
“La disposición solo recoge, así lo han señalado muchos sectores, fundamentos, mandatos de otras disposiciones legales actualmente vigentes”, señaló.
Diálogo
Por ello, criticó la postura radical de los sectores movilizados, debido a que se niegan a asistir a las reuniones y solo piden la derogación de la norma.
“Estamos abiertos al diálogo constructivo, estamos abiertos a escuchar comentarios, sugerencias. Y en su momento también nosotros realizar propuestas, planes de implementación”, añadió Siles.
El ministro reiteró que en ningún momento la intención del Gobierno es afectar a los gremiales, al comercio minorista o a los productores, sino proteger la economía nacional frente a los delitos del agio, especulación y contrabando.
