Conocida la invitación formal para entablar un diálogo con los ministros de Estado sobre la disposición del Presupuesto General del Estado (PGE) que autoriza decomisos, la Confederación Nacional de Trabajadores Gremiales de Bolivia está divida en cuanto a su participación.
Un sector confirmó que asistirán la reunión y destacaron que el Gobierno busque el diálogo.
“Estamos complacidos con esta invitación y vamos a participar en esta mesa de diálogo. Creemos que es importante participar de la reglamentación”, indicó Juan Carlos García, ejecutivo de la confederación, en contacto con Bolivia Tv.
Puede leer: Diputados aprueba crédito por $us 150 millones para riego comunitario
Gremiales
Sin embargo, otra facción de los gremiales rechazó la convocatoria y puso como condicionante que primero se elimine la norma para poder entablar cualquier tipo de diálogo.
“Esta ley ya la promulgaron y ya está en la gaceta, primero la tienen que sacar y luego vamos al diálogo”, sostuvo César Gonzáles, secretario ejecutivo de la confederación de gremiales.
En criterio del dirigente, el Gobierno debería haber realizado las reuniones antes, en la recta final de 2024, y no imponer la norma de manera unilateral y buscar consensuar sobre un punto que se les está imponiendo.
Las autoridades buscan entablar un diálogo con los gremiales y los representantes del sector privado para explicar y aclarar las inquietudes que puedan tener en relación a la disposición confiscatoria.
La norma autoriza el decomiso de productos, alimentos y mercaderías en general que se acopien con el objetivo de incrementar su precio más adelante, para frenar los delitos de agio, especulación y el contrabando.
Sin embargo, el sector productor y comercial considera que se afectará y violará la propiedad privada, además que las autoridades pueden interpretar la norma de manera arbitraria.
El ministro de Justicia, César Siles, por su parte, explicó este jueves que las acciones que se autorizan en la disposición ya están vigentes y se aplican en la actualidad; reiteró que no afectará a quienes operen dentro del marco legal.
