El procurador general del Estado, Ricardo Condori, informó este viernes que una Sala Penal de Sucre, Chuquisaca, ratificó que los sentenciados en el caso Misiles Chinos, en el marco del proceso de reparación del daño civil, deben pagar a favor del Estado $us 3.005.280 como reparación por el ilícito cometido en 2005.
Condori indicó que en 2005 de manera irregular se permitió la salida del país de 36 misiles chinos, que posteriormente fueron devueltos pero desmantelados. Esto generó un juicio de responsabilidades y una sentencia contra civiles y militares por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.
En septiembre de 2023, la Justicia determinó que ocho personas, entre militares y civiles, paguen al Estado la suma de $us 3.005.280 como reparación del daño ocasionado.
Condori dijo que, tras esa sentencia, los acusados presentaron una apelación, aunque el jueves, la Sala Plena, ratificó “que se debe realizarse el pago de esa demanda civil en favor del Estado”.
Entre los sentenciados están el coronel del Ejército Ciro Valdivia Murguía; Marcelo Antezana, excomandante general del Ejército; Marco Vázquez Ortiz, exjefe de Estado Mayor; Víctor Hugo Cuéllar, exinspector general del Ejército; el coronel David Torrico Vargas; el coronel Wilbert Sánchez; Gonzalo Méndez, exministro de Defensa y el almirante Marco Justiniano Escalante, excomandante en Jefe de las FFAA.
“Un hito importante es que todas las instituciones del Estados estamos llevando con la mayor responsabilidad los procesos judiciales”, afirmó.
El procurador aseveró que una vez se emita la sentencia escrita y esta sea ejecutoriada, se puede realizar el cobro respetivo en favor del Estado. Sin embargo, aclaró que la parte sentenciada, como mecanismo de defensa, puede presentar algunos recursos constitucionales, pero que como instituciones públicas coordinarán para que se resuelvan los mismos y se ejecute esta sentencia.
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En octubre de 2005, 36 misiles de fabricación china, de propiedad de las Fuerzas Armadas de Bolivia, fueron entregados, de manera irregular, a la Embajada de Estados Unidos para que sean transportados a ese país para su desactivación.
El argumento que se utilizó para su entrega fue que podían ser sustraídos y usados en acciones terroristas. Los misiles volvieron al país desmantelados en 2006.
El gobierno estadounidense consideraba que los misiles eran un riesgo para su seguridad nacional debido a la posibilidad de que cayeran en manos de grupos insurgentes.
La desactivación y el desarme fueron encomendados a especialistas estadounidenses debido a que el Ejército boliviano no contaba con expertos en la materia.
El 9 de marzo de 2006, la Fiscalía General del Estado emitió requerimiento acusatorio y la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante resolución Nº 027/2011-2012 de enero 16 de enero de 2012, autorizó el juzgamiento.
