Debido a que algunos sectores productores y exportadores ratificaron que no cambiarán su postura de derogar la disposición séptima de Presupuesto General del Estado (PGE), ante la invitación al diálogo por parte del Gobierno, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, considera que se trata de un “golpe blando empresarial”.
“Al parecer están organizando y planificando un golpe bando empresarial, que tiene otro tipo de connotaciones. A nosotros nos importa dialogar y discutir en el ámbito económico con propuestas y con actores que realmente quieran debatir”, protestó este viernes en conferencia de prensa.
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Gobierno
En criterio de la autoridad, con ese tipo de actitud, los sectores demuestran su interés político, debido a que no están abiertos a las explicaciones del Gobierno y buscan su desestabilización a través de marchas y otras medidas de presión.
La disposición cuestionada autoriza la confiscación y decomiso de productos y alimentos que se acopien con el objetivo de venderse a un precio más elevado en un futuro cercano.
Los productores, gremiales, empresarios e industriales consideran que se trata de una norma abusiva y que puede usarse de manera arbitraria, violando los derechos constitucionales de los ciudadanos.
Silva reiteró que esta disposición no afecta a esos sectores, sino a quienes practican agio y especulación o se dedican al contrabando. Por ello, cuestionó que estos grupos utilicen un pretexto económico para hacer política.
“La población tiene que saber que hay gente que utilizando el pretexto de una normativa que está orientada a proteger la economía del país hoy quieren hacer política”, fustigó.
El Gobierno extendió el jueves una invitación al diálogo a todos los sectores que se consideran afectados; pero muchos de ellos condicionaron su asistencia, señalando que antes de cualquier reunión la norma debe ser eliminada.
De acuerdo con Silva, hasta la fecha, ningún sector confirmó su asistencia oficialmente, aunque algunos manifestaron su predisposición.
