Los sectores empresariales no asistieron este martes al diálogo convocado por el Gobierno para analizar la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), sobre decomisos y confiscaciones. El ministro de Justicia, César Siles, dijo que hay una “posición política” en esa inasistencia y que la norma está siendo “satanizada”.
El Órgano Ejecutivo había convocado para este martes a una mesa de diálogo a varios sectores empresariales, productivos y exportadores; sin embargo, tal como habían anunciado, ninguno asistió a la cita.
Los ministros de Justicia, César Siles; de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, y de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores; además de varios viceministros del área productiva, esperan en vano la llegada de los privados.
“Entendemos, por algunas respuestas que hemos recibido justificando la inasistencia, que hay una posición política de por medio. Esta disposición ha sido satanizada, ha sido mal leída por los sectores movilizados; porque hace una diferenciación claramente de lo que es control y fiscalización que es una competencia de los gobiernos municipales y central que ya está regulado mucho tiempo y se practica actualmente”, explicó.
Asimismo, complementó que en el caso del decomiso y la confiscación es una competencia del Ministerio Público y el Órgano Judicial y lamentó que los privados no acepten dialogar para participar de la reglamentación conjunta de la norma.
“Lamentamos esa posición que es más política que técnica, el Gobierno quiere asegurar la disponibilidad y abastecimiento para la población y eso está dispuesto en normas anteriores”, complementó.
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Disposición
Con cartas en manos, Siles dijo que recibió notas justificando su inasistencia de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex), Cámara Nacional de Industrias (CNI), Cámara Nacional de Comercio (CNC) y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO).
Al respecto, el ministro Néstor Huanca dijo que el pueblo pide al Gobierno que ejecute mayores controles en la producción y abastecimiento de alimentos y a eso apuntan con la disposición séptima.
Insistió en que el diálogo es el mejor camino para aclarar las dudas; y recordó que actualmente ya hay sectores que trabajan con el Gobierno en controles sobre producción y abastecimiento; por lo que no ve “ningún problema” en que otros sectores lo hagan.
“Quiero recuperar experiencias que ya tenemos con algunos sectores como la Cámara de Industria Oleaginosa que desde hace años se hace controles de abastecimiento; semestralmente firmamos con el sector por abastecimiento de subproductos de soya al sector pecuario. Ya existe ese intercambio de información, entregan información en calidad de declaración jurada”.
Los empresarios rechazan la norma, pues consideran que afectará la propiedad privada y tendrá un impacto negativo en la producción y el comercio. Representantes de varios sectores anunciaron que no dialogarán sobre esa norma y exigen que sea derogada.
La disposición adicional séptima de la Ley del PGE 2025 establece que, “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales; se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización; confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos; que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.
