Cuestionado por rechazar las invitaciones del Gobierno a un diálogo para esclarecer las dudas sobre la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), que autoriza el decomiso de productos y alimentos, el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), José Luis Farah, dijo que no quieren reuniones, sino soluciones.
“Desde el primer año de nuestra gestión, nosotros siempre hemos estado dispuestos al diálogo, pero ahora queremos un diálogo con resultados, no reuniones y más reuniones, queremos soluciones”, afirmó Farah este sábado.
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CAO
De acuerdo con el presidente de la CAO, en ningún otro PGE se estableció una norma que autorice el control, el decomiso y la confiscación de los productos que estén siendo acumulados. Por eso la disposición es tan rechazada por tantos sectores.
“No podemos estar permitiendo que se confisque, que se intervenga y que se entre las propiedades privadas, a las unidades productivas, a los centros de abastecimiento”, protestó Farah.
Asimismo, sostuvo que la afectación no es solo para el sector productor o para los empresarios y gremiales, sino que “es un tema de Bolivia”. Explicó que la disposición, en su criterio, generará un problema en cadena que afectará a todo el país, debido a que la producción se verá afectada, lo que a su vez repercutirá en el transporte y en el abastecimiento en los centros de abasto.
Farah reiteró que el 10 de febrero se movilizarán a nivel nacional múltiples sectores en pedido de la abrogación de la disposición.
Sin embargo, antes de esa fecha, los sectores analizan reunirse en el departamento de Tarija nuevamente, para sumar más instituciones a la medida de presión y que ésta sea contundente.
El pasado jueves, tras el ampliado multisectorial en Chuquisaca, los comités cívicos de Sucre y Potosí confirmaron que participarán de la movilización.
