Ante el anuncio de movilizaciones desde el 10 de febrero, el dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Guery García, señaló que las organizaciones sociales se declararon en emergencia e indicó que estas medidas de presión buscan politizar el escenario electoral.
“Los bloqueos no solo es el perjuicio para un departamento, sino para todo el Estado. Desde el Pacto de Unidad vamos a hacer prevalecer el estado de derecho y la libre circulación en los nueve departamentos. Nos hemos declarado en estado de emergencia ante cualquier tipo de convulsión que quieran generar”, sostuvo el dirigente campesino.
El Encuentro Multisectorial, realizado en la ciudad de Sucre, ratificó el viernes acatar un paro movilizado de 24 horas el 10 febrero, si el Gobierno no deroga la disposición séptima de la Ley 1613 del Presupuesto Genel del Estado 2025, que dispone el decomiso de productos a quienes incurran en agio y especulación.
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También se determinó que no asistirán a “ninguna” reunión del Gobierno para abordar el tratamiento de su reglamentación.
García indicó que la disposición séptima “solo” va en protección de “nuestros víveres”. “Aquí lo que se está especulando desde los empresarios y como se está magnificando. Vemos que el 90% está saliendo al exterior y el 10% se queda con sobreprecio. Si se tiene que sancionar es de manera correcta”.
Además, el dirigente indicó que la dirigencia de este sector busca una palestra política en el inicio del proceso electoral para las elecciones generales del 17 de agosto.
“Está totalmente politizado, ya no hay un discurso y netamente quieren perjudicar la gestión del presidente (Luis) Arce”, señaló.
El exministro de Justicia Iván Lina, en una columna de opinión, indicó que la disposición séptima “no es necesaria” y que, en un año electoral, “no es necesario” generar conflictos por errores normativos y redundancia inconvencional.
