El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó este viernes que el Ministerio Público apelará la determinación de la Justicia que sentenció a cinco años y cuatro meses a los exministros Arturo Murillo, Luis Fernando López, Roxana Lizárraga y demás acusados.
La autoridad indicó que existen pruebas contundentes que demuestran su autoría por los delitos de incumplimiento de deberes y tráfico ilícito de armas, por la internación de agentes antidisturbios (gases lacrimógenos y otros) en calidad de préstamo desde la República del Ecuador.
“Durante la etapa investigativa se colectaron pruebas como el acta de préstamo de los agentes químicos de Ecuador, los planes de vuelo de aterrizaje y despegue del avión Hércules C-130, donde se transportaron policías y militares de Bolivia”, aseveró Torrez.
A ello añadió que también está “la solicitud de devolución de los agentes químicos de ese país, entre otros que demuestran la autoría de los sindicados que hoy fueron sentenciados. Una vez seamos notificados se apelará la determinación porque consideramos que corresponde la pena máxima”, dijo Torrez.
La Fiscalía también informó que dentro del mismo proceso se dictó resolución absolutoria para los excomandantes del Ejército y de la Policía, Sergio O.C., y Rodolfo A.M.T, y Rubén P.B., Iván P.I.R., Adhemar J.T.M., y José G.P.S., por el delito de tráficos de armas en grado de complicidad. También absolvieron a los exministros por ese delito.
El fiscal anticorrupción Hernán Kiffer señaló que, de acuerdo a la investigación, el hecho se registró el 15 de noviembre de 2019, cuando se habría llevado adelante una reunión entre los exministros de Gobierno, Defensa y Comunicación, con el excomandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, el excomandante General de la Policía Boliviana y otras autoridades que determinaron solicitar el préstamos de materiales antidisturbios para enfrentar la crisis social en el país.
Según las declaraciones testificales, la solicitud la hicieron el exministro de Defensa y de Gobierno a iniciativa de la exministra de Comunicación, quien habría coordinado el préstamo de agentes antidisturbios con la República del Ecuador.
