Este martes, la Cámara de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) se reunirá con autoridades del Gobierno para dialogar sobre la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) que autoriza el decomiso y confiscación de productos y alimentos por parte de las autoridades competentes.
“Estamos viniendo a escuchar (…), hay diferentes interpretaciones a la norma, estamos en un periodo de análisis legal sobre la misma”, señaló Giovanni Ortuño, presidente de la CEPB, antes de entrar a la reunión.
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CEPB
La reunión debía realizarse la semana pasada, pero la CEPB pidió que se postergue para este martes.
El Gobierno extendió su invitación a la institución luego del rechazo de otras cámaras, como la Cámara Nacional de Industrias (CNI), la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb) y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO).
Esas instituciones acordaron no participar en ninguna reunión con el Gobierno hasta que se logre la derogación de la disposición confiscatoria, debido a que consideran que es una norma que viola varios derechos constitucionales.
Por ello, realizaron un “paro multisectorial” en varios departamentos del territorio nacional. Empero, la CEPB no se sumó a la medida de presión. Asimismo, el Gobierno dijo que se evidenció que la marcha no tuvo convocatoria y no se logró los resultados que los sectores productores esperaban.
En la reunión de este martes, el Gobierno espera tratar la reglamentación de la disposición para que comience a aplicarse lo antes posible. Ya se logró un acuerdo con una parte del sector gremial, debido a que se elaborará un decreto supremo en el que se establece explícitamente que la norma no alcanzará al comercio minorista.
El viceministro de Desarrollo Agropecuario, Álvaro Mollinedo, que participará de la reunión con la CEPB, aseguró que la disposición no afecta al sector privado formal, por lo que no hay nada que preocuparse. Insistió en que se trata de una demanda que exige la población para evitar el agio, la especulación y el contrabando.
