Este miércoles, el Comité Multisectorial, compuesto por empresarios, productores, gremiales, exportadores, transportistas y cívicos, anunció que se mantiene “firme” en su pedido para que se derogue la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) que autoriza el decomiso y confiscación de productos.
“Las más de 35 organizaciones que conforman el Comité Multisectorial manifiestan a la opinión pública que mantienen firme su posición de exigir la derogatoria de la Disposición Adicional Séptima de la Ley Financial 1613 (del PGE) por considerarla ilegal, inconstitucional y atentatoria a la propiedad privada”, informaron los sectores a través de un comunicado.
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Disposición
Nuevamente, el comité expresó su “sorpresa” por el acuerdo entre la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y el Gobierno, quienes pactaron que la norma esté en pausa hasta que se logren los consensos correspondientes.
Sin embargo, los sectores desconocen a Giovanni Ortuño, presidente de la CEPB, pues no tienen ninguna representación, ya que su confederación no participó de ninguno de los ampliados.
“Es menester aclarar que el señor Giovanni Ortuño, presidente de la CEPВ, по cuenta con ninguna representación del Comité Multisectorial y que tampoco participó en ninguno de los Ampliados realizados por el Comité en los diferentes departamentos del país, por lo cual se niega y se desconoce este acuerdo”, indica el comunicado.
La postura de estos sectores continúa siendo la misma: lograr la eliminación de la disposición, la cual considera que “allana” el camino para decomisos y confiscaciones de manera arbitraria, vulnerando los derechos a la propiedad privada.
Comité
Por ello, anunciaron que continuarán con las medidas de presión, de manera “escalonada”, hasta que la Asamblea Legislativa derogue la disposición.
“El Comité Multisectorial ratifica que mantiene incólume la unidad de los sectores que lo componen, que mantiene su estado de emergencia y que se continuará promoviendo las movilizaciones escalonadas hasta lograr la derogatoria por parte de las instancias pertinentes”, advierte el pronunciamiento.
El Gobierno, por su parte, considera que el lunes quedó demostrado que los sectores no gozan del apoyo de la ciudanía ni tienen convocatoria suficiente para realizar una medida de presión a gran escala.
