El fiscal de la Cámara de Casación de Argentina Mario Villar presentó una solicitud para que el Tribunal Supremo del país eleve de seis a doce años la condena contra la expresidenta Cristina Fernández por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública dentro de la conocida como ‘causa Vialidad’.
El fiscal Mario Villar ha planteado ante la Cámara Federal de Casación –órgano que ratificó la condena a Fernández a mediados del pasado mes de noviembre– un recurso extraordinario para que el tribunal acepte a trámite su petición y permita que el Supremo analice su solicitud de duplicar la pena a la expresidenta.
En caso de que los magistrados de Casación que intervienen en el caso resolvieran denegar el recurso al fiscal, la Fiscalía podría presentar una queja ante el Supremo. De hecho, las defensas ya ha presentado sus propios recursos para que el Supremo revoque las condenadas y absuelva a Fernández y el resto de condenados.
Para el fiscal Villar, el Supremo está capacitado para intervenir en el caso habida cuenta de que existe una arbitrariedad en la condena por la «errónea interpretación del delito de asociación ilícita y administración infiel», según recoge la prensa local argentina.
La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina ratificó a mediados de noviembre la condena a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua dictada a finales de 2022 contra la expresidenta Fernández, declarándola culpable de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Fernández había sido acusada de participar en una trama para defraudar al Estado a través de la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz durante su gestión como presidenta (2007-2015) y la de su difunto marido, Néstor Kirchner (2003-2007). El dinero defraudado supera los 84.800 millones de pesos (unos 80 millones de euros).
La revisión de la causa también abría la puerta a que Fernández hubiese sido condenada al doble de pena en caso de que se hubiese incorporado el delito de asociación ilícita, pero sólo uno de los magistrados consideró que había indicios suficientes para ello. El fiscal Villar alude ahora precisamente a este asunto.
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