El gobierno argentino citó a cientos de miles de pensionados por invalidez para auditar si les corresponde el beneficio, en un proceso gradual que abarcará al universo de más de 1 millón de personas en su cruzada por reducir el gasto público, informó el Ministerio de Salud.
Todos quienes reciben pensiones no contributivas por invalidez laboral serán sometidos a una evaluación por criterios médicos a cargo de las autoridades sanitarias.
La cartera de Salud del gobierno del ultraliberal Javier Milei argumentó a través de un comunicado que la auditoría masiva tiene como fin «asegurar que el beneficio llegue exclusivamente a quienes lo necesitan».
«Este plan se inició en 2024 a raíz de las irregularidades detectadas en la tramitación de las pensiones», dijo el Gobierno, que aseguró que en más de 20.000 pensiones auditadas «solo el 20% cumplió con los requisitos».
Además, justificó el Ministerio, el año pasado detectó que «150 personas fallecidas y 212 presos cobraban una pensión por discapacidad» y también «14 prófugos de la justicia».
«La auditoría se llevará a cabo mediante un proceso escalonado y progresivo que permitirá realizar una evaluación minuciosa y asegurar la toma de decisiones fundamentadas y transparentes», comunicó la cartera de Salud.
Asociaciones civiles nucleadas en la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (Redi), habían cuestionado una semana atrás una resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad que establecía los criterios médicos para evaluar el acceso a las pensiones.
La Redi argumentó en un comunicado que esos criterios van en contra de los derechos porque «la discapacidad no es una cuestión individual asociada a una patología sino que nace de la interacción entre ciertas características de las personas y las barreras en los entornos que habitan».
«No hay personas ‘inválidas’ para trabajar, sino que todas pueden hacerlo en la medida en que se les proporcionen los apoyos que requieren. Para definir quién debe cobrar una pensión y quien no, el Estado debe evaluar las barreras económicas y sociales que cada una enfrenta en lugar de mirar etiquetas médicas que pesan sobre ellas», dijo la organización.
La pensión por invalidez laboral equivale al 70% de una jubilación mínima y en febrero fue de unos 260.000 pesos al mes (240 dólares al cambio oficial), una suma exigua para afrontar el costo de vida en Argentina donde una familia tipo necesita al menos un millón para no ser pobre, según estadísticas.
El gobierno de Milei modificó en septiembre pasado los requisitos para acceder y mantener estas pensiones «para dar fin a un sistema que utilizó los recursos del Estado para el clientelismo político», argumentó.
El punto más importante es que dio marcha atrás con un decreto de finales de 2023 que permitía tener empleo y mantener el beneficio.
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