La justicia argentina suspendió la aplicación de un decreto del presidente ultraliberal Javier Milei que buscaba transformar en sociedad anónima el estatal Banco de la Nación Argentina, el principal banco del país, según el fallo al que accedió AFP.
El decreto emitido por Milei el jueves pasado tenía por objetivo cambiar el estatuto del Banco Nación para ‘modernizar’ su estructura y «mejorar su competitividad en los mercados financieros y optimizar la asignación de recursos».
Pero un juez federal de La Plata (60 kilómetros al sur de Buenos Aires) falló hoy que «se necesita una ley del Congreso de la Nación que lo declare sujeto de tal transformación» y consideró que el decreto puede constituir un ‘paso previo’ hacia una posible privatización del banco.
La medida cautelar se enmarca en una causa de 2024 que tramita en la Cámara de Apelaciones Federal de La Plata, en la que un sindicato bancario cuestionaba la constitucionalidad de una resolución del directorio del banco por considerar que avanzaba hacia la privatización de la entidad.
El juez afirmó que cabe al Tribunal de Apelación decidir sobre el fondo del asunto.
El Banco de la Nación Argentina, o ‘Banco Nación’ como lo conocen los argentinos, es una institución pública fundada en 1891, inicialmente para absorber una crisis económica y financiera.
Se convirtió progresivamente en el principal banco comercial del país, tanto en términos de activos como de préstamos y depósitos, con prioridad en las pequeñas y medianas empresas, el campo, las economías regionales y los hogares, además de tener la presencia más extendida en todo Argentina, el octavo país más grande del mundo.
El banco había sido removido de una lista de privatizaciones que entraron en una megaley enviada por el gobierno y aprobada por el Congreso en 2024, en la que se aprobaron reformas económicas, laborales y se autorizó la privatización de una decena de empresas públicas.
Fue a partir de esta excepción de la denominada «ley bases» que el juez Alejo Ramos Padilla, autor de la medida cautelar, consideró que el decreto que transformó al banco «fue dictado en exceso» porque, si bien la medida gubernamental no privatiza el banco, «puede implicar un paso previo a su posible privatización».
Además, el juez solicitó al gobierno que, en un plazo de cinco días, presente sus argumentos contra la medida.
Desde la aprobación de la ley bases se decretó la privatización de Trenes Argentinos Cargas, la principal empresa estatal del rubro, Corredores Viales, la compañía del estado concesionaria de rutas, autopistas y autovías nacionales, y de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).
«Nada de lo que no deba ser estatal permanecerá en manos del Estado», dijo el domingo el vocero presidencial Manuel Adorni, al respecto de YCRT.
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