En protesta por el incumplimiento en los acuerdos para la liberación de la exportación de soya, la Federación Especial de Comunidades Interculturales Productores Agropecuarios de San Julián Norte exige la renuncia del viceministro de Comercio Interno, Grover Lacoa, y del gerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Franklin Flores.
El sector protesta, además, por la falta de combustibles y advierte que, si sus demandas no son atendidas en 72 horas, tomarán las instituciones estatales en Santa Cruz.
Según la Resolución 02/2005, el jueves 26 de febrero, en una reunión en esa región, las autoridades gubernamentales establecieron un preacuerdo para la liberación de exportación y precio de la soya; además del abastecimiento de combustible.
El sector esperó y determinó mantenerse en vigilia; sin embargo, ante el incumplimiento del acuerdo, resolvió asumir otras medidas.
“Por la incapacidad de las autoridades, viceministro de Comercio Interno, Grover Lacoa, y el gerente general Emapa, Franklin Flores, pedimos la renuncia inmediata de estas autoridades por la incapacidad y mentirnos de manera consecutiva afectando al sector productivo”, dice el artículo 1 de la resolución.
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Soya
Asimismo, alerta que dan un plazo de 72 horas para que renuncien; caso contrario, tomarán “medidas más drásticas: toma de instituciones estatales del estado de todo el departamento de Santa Cruz”.
Los interculturales aseguran que la suspensión de las exportaciones afecta a los agricultores de la región; donde existen más de 395.000 hectáreas destinadas a la producción agrícola.
El 27 de febrero, el viceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles, confirmó que existía un preacuerdo con los productores de Santa Cruz para liberar la exportación de grano de soya. Sin embargo, dijo que es necesario “ajustar normativas” para dar prioridad a los “productores primarios”.
Desde enero, el Gobierno no emitió autorizaciones para la venta externa de soya, lo que afectó las actividades económicas de los productores que se declararon en emergencia. La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) aseguró que cumplen con la demanda interna, por lo que no entendían el veto a las exportaciones.
El Gobierno, por su parte, argumentó que se identificó que algunas empresas que no tienen la autorización para exportar se dedican a la venta a mercados internacionales, por lo que la medida busca frenar esa práctica.
