Este martes, la Alcaldía de La Paz informó que se rechazó la ley presentada por el Concejo Municipal para congelar las tarifas del transporte público y restablecer los pasajes de 2016, eliminando el incremento que autorizó el alcalde Iván Arias el pasado 25 de febrero.
Sin embargo, la directora jurídica de la Alcaldía, Amparo Morales, informó que se trata de una ley que no tiene fundamento legal y usurpa funciones, por lo que no será promulgada.
“Esta ley de congelamiento no tiene ningún fundamento legal, es una ley totalmente irregular que ha usurpado funciones, tomando en cuenta que la única autoridad en nuestro municipio que puede determinar el alza o baja del transporte público es el alcalde municipal”, afirmó este martes en conferencia de prensa.
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Tarifas
El miércoles vence el plazo para que el alcalde Arias promulgue la ley que elimina las nuevas tarifas de Bs 2,40 en los tramos cortos y Bs 3 en los tramos largos. Sin embargo, de acuerdo con Amparo, ahora el Concejo debe realizar las correcciones que el informe de “más de 15 páginas” de la Alcaldía presentó.
“Esperamos que el Concejo analice las observaciones que han sido totalmente fundamentadas de manera técnica y legal. El Ejecutivo no va a promulgar una ley ilegal, irregular y anticonstitucional; no sabemos cómo va a reaccionar el Concejo Municipal, pero esperamos que reflexionen sus acciones”, señaló la directora.
Asimismo, anunció que se inició un proceso legal contra los seis concejales que aprobaron la ley para congelar las tarifas.
“Hemos presentado ante el Ministerio Público dos denuncias penales contra los concejales que han aprobado esta ley, en consideración a la usurpación de funciones y por ser contraria a las leyes y a la Constitución. Esperemos que se admitan estas denuncias y podamos sancionar a estas personas por la conducta ilegal que están teniendo”, afirmó Amparo.
Luis Oliden, director de Regulación y Ordenamiento Municipal explicó que la ley que aprobó el Concejo no tiene fundamentos técnicos, pues se contraviene la norma al establecer una tarifa en base a una realidad económica que no corresponde, pretendiendo que 2025 sigue siendo igual a la gestión 2016.
Por su parte, el director de Gobernabilidad, Gonzalo Barrientos, señaló que se trata de una ley que fue impulsada por el Movimiento Al Socialismo (MAS) con una “posición política en un escenario electoral”.
