La madrugada de este miércoles, la Asamblea Legislativa rechazó un crédito de $us 100 millones de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), destinado a mitigar desastres naturales y garantizar el voto en el exterior para las elecciones de agosto.
La negativa, impulsada por legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS) afines al expresidente Evo Morales y de las bancadas opositoras Creemos y Comunidad Ciudadana (CC), desató una crisis política, con el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, acusando un “sabotaje premeditado” contra el gobierno de Luis Arce.
El proyecto recibió el voto a favor de 69 asambleístas, dos votos menos del mínimo requerido para su aprobación.
El proyecto, con un interés anual del 0,01% y cuatro años de gracia, llevaba 727 días en trámite en la Asamblea, habiéndose remitido en 2023 a la Cámara de Diputados.
Según Montenegro, el 90% de los fondos se orientaría a atender emergencias por lluvias e inundaciones que afectan a municipios y departamentos, mientras el 10% restante cubriría los costos en dólares exigidos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para organizar el voto en el exterior el 17 de agosto.
“Le dijeron no al país (…), este rechazo perjudica a las víctimas de desastres y a los compatriotas en el exterior que quieren ejercer su derecho”, protestó el ministro, quien alertó que el veto dañará la credibilidad de Bolivia para acceder a financiamiento futuro.
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Crédito
Durante un tenso debate, Montenegro y el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, defendieron el préstamo debido a su urgencia ante la temporada de lluvias y los plazos electorales.
Al final de la sesión, legisladores de oposición celebraron el resultado, mientras el oficialismo tildó el acto de “juego sucio” para desestabilizar al Gobierno.
El ministro Montenegro llevó el conflicto a la arena internacional, denunciando que el bloqueo evidencia una “cadena de sabotajes” contra Arce desde 2022.
“¿Cómo explicamos a Japón que rechazamos un crédito en condiciones excepcionales por mezquindades políticas?”, cuestionó.
Mientras tanto, el TSE enfrenta incertidumbre, pues exige $us 8 millones para llevar a cabo el proceso electoral en países donde residen miles de bolivianos, pero carece de esos dólares. Al mismo tiempo, los municipios y departamentos requieren de Bs 722 millones para atender a las más de 400.000 familias afectadas por la época de lluvias.
