La abogada Silvia Tapia, que defiende al excomandante del Ejército Juan José Zúñiga en el caso de la asonada militar del 26 de junio de 2024, denunció que los fiscales que llevan dicho proceso negaron a su defendido ampliar su declaración.
“Mi defendido tiene todo el derecho, de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal, de solicitud la ampliación de su declaración las veces que considere necesario; pero se puede evidenciar que el Ministerio Público estaría obstaculizando o estaría negando el derecho”, señaló Tapia.
Tapia, que asumió recién la defensa del exmilitar, lanzó duras críticas contra los fiscales de ese caso, debido a que rechazaron su solicitud para ampliar su declaración.
Juan José Zúñiga
Señaló que su defendido busca aclarar algunos aspectos en su declaración. Por ejemplo, dijo que el traslado de las tanquetas al Estado Mayor, el pasado 26 de junio, se realizó por orden directa del presidente Luis Arce, después de haber participado en una actividad deportiva en la universidad La Salle, en la zona Sur de La Paz. Incluso, Zúñiga habría informado de esta instrucción a un ministro.
“La intención de mi defendido nunca fue realizar un golpe de Estado. Él únicamente obedeció órdenes”, afirmó la profesional.
El Gobierno negó rotundamente esa versión y sostuvo que lo ocurrido el 26 de junio fue un “golpe de Estado fallido”. Por su parte, el Ministerio Público aclaró que, en su primera declaración, Zúñiga no hizo ninguna mención a un autogolpe.
Además, indicó que Zúñiga actuó con el objetivo de evitar un derramamiento de sangre, aunque no ofreció mayores detalles. “Por esa razón estoy solicitando la ampliación de su declaración, la cual será pública en cuanto se lleve a cabo”, añadió.
La abogada también sostuvo que el exgeneral se considera un perseguido político, ya que presume que, días antes de los hechos del 26 de junio, ya se había preparado una celda para él.
Durante su aprehensión, el mismo día del intento de golpe, Zúñiga declaró que el presidente Arce buscaba incrementar su popularidad en medio de anuncios de movilizaciones, provocadas por la escasez de combustible y dólares. Afirmó incluso que se trataba de un “autogolpe”.
Golpe de Estado fallido
¿Qué pasó el 26 de junio de 2024? Ese día, Zúñiga ocupó la plaza Murillo de La Paz con vehículos blindados y efectivos militares fuertemente armados.
El fin era ingresar al Palacio de Gobierno y tomar el poder político, como lo dijo el mismo militar. En ese afán, el presidente Arce detuvo su avance en la puerta de ese edificio. El militar se insubordinó ante el mandatario, por lo que éste decidió cambiar, de inmediato, al Alto Mando Militar, cuya primera orden fue el repliegue de efectivos y vehículos a sus unidades.
A esa acción, el Gobierno lo llamó un “golpe de Estado fallido”.
Según el último reporte sobre el caso, hay más de 100 personas investigadas, entre civiles y militares, en el caso que la Fiscalía abrió de oficio. Son al menos 26 personas cauteladas, entre ellas, Zúñiga.
Incluso, por las investigaciones del caso, el 1 de agosto, un tribunal militar decidió la baja definitiva de cinco generales de las Fuerzas Armadas. La decisión tiene que ver con su participación en dicha asonada golpista.
La baja fue dictada contra los ahora exgenerales Zúñiga, excomandante del Ejército; Marcelo Zegarra, excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB); Juan Mario Ponce Sandi, que pertenecía al grupo de inteligencia de Zúñiga, Franz Ordóñez Menacho y el almirante Juan Arnez, excomandante de la Armada Boliviana.
