El expresidente Evo Morales defendió la sesión legislativa del 6 de junio y cuestionó que las decisiones del Tribunal Constitucional (TCP) estén por encima de las resoluciones de la Asamblea Legislativa.
Morales volvió a calificar de “ilegales” las determinaciones de los magistrados y consejeros electos en 2017 y dijo que “son nulas de pleno derecho”, pues su mandato constitucional de seis años se cumplió en diciembre de 2023. El mismo mes, sin embargo, se emitió la Declaración Constitucional 049/2023, que amplió su periodo de funciones.
“Están usurpando funciones y violando la Constitución (Política del Estado). Cómo se puede entender y aceptar que puedan estar por encima de toda la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por tanto, la séptima sesión de la ALP, el primer poder del Estado, es legal; y solo le queda al (Órgano) Ejecutivo promulgar las leyes sancionadas en esa instancia”, protestó en su cuenta de X.
Evo Morales
El quorum para la instalación de esa sesión se logró con la presencia de 28 de los 36 senadores y 78 de los 130 diputados. Los ausentes fueron los legisladores de la facción arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Para ese llamado, el titular del Senado, Andrónico Rodríguez, se atribuyó la titularidad de la Asamblea Legislativa mientras el vicepresidente y presidente nato de ese órgano, David Choquehuanca, ejercía la presidencia debido al viaje de Luis Arce a Rusia.
La accidentada sesión dio luz verde al cese de los magistrados y consejeros, a la resolución para la continuación de la preselección de postulantes a las elecciones judiciales, y a la sanción de un crédito externo de $us 174 millones. Además, elevó a rango de ley un decreto presidencial sobre amnistía e indulto de reclusos.
Sesión legislativa
Sobre el tema, Choquehuanca identificó una “troika” conformada por los expresidentes Carlos Mesa y Evo Morales, y el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. En su criterio, esa “alianza” se evidenció en esa sesión bicameral.
Incluso, acusó a Rodríguez de “capitanear” un golpe organizado por “la oposición y la nueva oposición”.
“Lo que pretende hacer el gobierno, utilizando a ese trucho TCP, es un abuso y ofensa al pueblo boliviano y a la democracia. Sin Asamblea Legislativa no hay democracia”, consideró Morales en su publicación.
