El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Luis Velásquez, anunció este jueves la incorporación de 400 militares especializados a operativos anticontrabando en zonas fronterizas, tras tres semanas de entrenamiento en técnicas de interdicción.
La medida busca reforzar el control en límites con Perú, Chile y Argentina, considerados puntos críticos para el comercio ilícito.
“El contrabando representa un golpe directo a la producción nacional. Cada producto que entra o sale ilegalmente debilita nuestra economía formal”, afirmó Velásquez durante la clausura del curso en el Regimiento de Artillería Antiaérea Mecanizada “Mariscal Bilbao Rioja” de Viacha.
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Contrabando
El viceministro destacó que esta actividad ilícita no solo perjudica al sector productivo, sino que también alimenta redes de corrupción y desencadena hechos violentos.
Como ejemplo, citó el reciente ataque en Huayllamarca, departamento de Oruro, donde contrabandistas agredieron a dos militares con “dinamitas y miguelitos”.
Los efectivos, pertenecientes al Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando, fortalecieron sus habilidades en disciplina, conciencia institucional y técnicas operativas.
El comandante Félix Sandro Gutiérrez, presente en el acto, resaltó que su misión será interceptar mercancías ilegales y desmantelar rutas de contrabando a la inversa, para evitar la salida de productos, alimentos y recursos hacia países vecinos.
La estrategia prioriza zonas donde el comercio ilícito ha desplazado a productores locales y generado pérdidas millonarias al Estado.
Según Velásquez, el contrabando “distorsiona los precios internos y financia actividades criminales”, un problema que exige respuestas coordinadas entre fuerzas militares y autoridades civiles.
El operativo se enmarca en una política del Gobierno para blindar más de 7.000 kilómetros de fronteras, donde el contrabando de hidrocarburos, alimentos y electrónicos erosiona la seguridad económica y alimentaria del país.
En octubre de la pasada gestión el presidente Luis Arce ordenó la militarización de las fronteras ante nuevos métodos para sacar productos fuera del país. De igual manera, se endurecieron las sanciones, hasta 14 años de prisión, para las personas que dediquen a esta actividad.
