Este martes, Roxana Pérez, concejal municipal por el Movimiento Al Socialismo (MAS), anunció que iniciará acciones legales contra el alcalde de La Paz, Iván Arias, por el delito de incumplimiento de deberes, luego de que un funcionario del Concejo Municipal haya sido atropellado por un transportista.
“Iniciaré un proceso penal al alcalde por incumplimiento de deberes, porque él tiene absolutamente en indefensión a la población paceña; no nos vamos a callar”, afirmó en conferencia de prensa.
La molestia de la concejala radica en que, debido a la falta de control de la Alcaldía a prácticas como el trameaje, incumplimiento de ruta en el transporte público, se suscitó el accidente del lunes.
Ese día, un conductor pasó por encima a un funcionario, quien se acercaba a pedir explicaciones sobre los motivos por los que no cumplía su ruta. Antes de decir palabra, el transportista aceleró y lo atropelló, dándose a la fuga.
Posteriormente, la Alcaldía indicó a través de un comunicado que el control que realizaba Pérez era ilegal y con intereses políticos, postura que fue duramente cuestionada por la concejal.
“¿Dónde está su sentido de humanidad, su empatía? Ése es el tipo de alcalde que tenemos en nuestro municipio”, fustigó.
Denunció que Arias no se interesa por la salud del funcionario atropellado, tampoco por la población en general, sino que sigue sus propios intereses económicos y sus cálculos políticos, por los cuales favorece al sector transportista.
“No puede ser que seamos rehenes de un sector a tal grado que la impunidad implique que si cualquier ciudadano reclame, entonces hay que atropellarlo”, protestó Pérez.
Pese a que el chofer se entregó voluntariamente la madrugada de este jueves, la concejal señaló que se extremarán esfuerzos para que se lo juzgue por tentativa de homicidio y no por omisión de socorro y fuga, como actualmente está acusado. Además, el vehículo ni siquiera contaba con placa, lo que, en su criterio, muestra el desorden en el municipio.
Asimismo, Pérez cuestionó que la Alcaldía ahora diga que los controles ajenos al gobierno municipal son ilegales, cuando semanas atrás pedía a la ciudadanía ayuda para eliminar prácticas como el trameaje.
