La preocupación es amplia en el país. La Defensoría del Pueblo denunció, mediante un comunicado, a la comunidad internacional el “riesgo del sistema democrático en Bolivia”; luego del inusual movimiento militar que se registra en la plaza Murillo.
“La Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia pone en conocimiento a la comunidad internacional e instancia de Derechos Humanos que en los últimos minutos se han registrado movimientos militares inusuales en inmediaciones de Plaza Murillo e inmediaciones de la Casa Grande del Pueblo donde se encuentra el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, quien, a través de sus redes sociales ha dado a denunciado ‘movilizaciones irregulares de algunas unidades del Ejército Boliviano. La democracia debe respetarse’”, señala el comunicado.
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La tarde de este miércoles, militares rodearon e ingresaron a la plaza Murillo en un movimiento irregular, denunciado por el Presidente. Ministros y decenas de personas llegaron hasta kilómetro cero y se ha reportado un intento de golpe de Estado.
DEFENSORÍA
“Desde la institución defensorial se advierte el riesgo de la democracia en Bolivia y se llama a todos los actores sociales a precautelar, por sobre todo interés, el estado de derecho, constitucionalidad y preservar el sistema democrático nacional”.
Este movimiento se registra luego de unas polémicas declaraciones del comandante del Ejército, Juan José Zúñiga, que incluso advirtió con detener al expresidente Evo Morales. Solo horas después de este hecho, la noche de este martes, empezaron los rumores que el presidente Luis Arce removería del cargo a Zúñiga; y ya para este miércoles es este militar el que se presenta con un grupo de militares encapuchados a plaza Murillo y gesta lo que se denuncia como un golpe de Estado.
“Cabe recordar que la pasada jornada, tras las declaraciones temerarias del comandante general del Ejército boliviano, Gral. Juan José Zúñiga, remarcamos que los Art. 245 y 246 de la Constitución Política del Estado señalan que las Fuerzas Armadas no deliberan, ni se inmiscuyen en asuntos políticos; por lo que, es imperativo su cumplimiento y respeto en un Estado democrático. Como institución nacional de defensa de los derechos humanos permaneceremos atentos al desarrollo de los hechos y extremaremos esfuerzos para preservar el sistema democrático en el país”, (sic) señaló la Defensoría.
