El Tribunal Supremo Electoral (TSE) expresó su preocupación ante la admisión de una acción de cumplimiento en Santa Cruz contra candidatos presidenciales y que atenta los principios de preclusión y pluralismo, y las atribuciones del Órgano Electoral.
El lunes se conoció que el bufete de abogados Villarroel Miranda presentó una solicitud de inhabilitación contra cinco autoridades que postulan a las elecciones generales sin haber renunciado previamente a sus cargos, como exige la Constitución.
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La demanda está dirigida contra el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez; el senador Rodrigo Paz; la alcaldesa de El Alto, Eva Copa; y los alcaldes de Santa Cruz y Cochabamba, Jhonny Fernández y Manfred Reyes Villa.
Según el abogado René Villarroel, ninguno de ellos renunció al menos tres meses antes del día de los comicios, como establece el artículo 238 de la Constitución Política del Estado (CPE).
De acuerdo con el pronunciamiento del ente electoral, la acción pretende inhabilitar candidatos que participan en las elecciones generales de agosto y que actualmente ejercen cargos electivos, con el “argumento que el TSE omitió la causal de inelegibilidad previsto en el numeral 3” del artículo 238 de la Constitución.
Ante esta preocupación, el TSE recuerda a los jueces constitucionales la vigencia de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0023/2019, que resuelve: “quienes ocupen cargos electivos en general, no necesariamente deberán renunciar tres meses antes para postular a un cargo electivo, condición que se mantiene para los servidores designados y de libre nombramiento”.
El Órgano Electoral evocó el compromiso asumido por el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional en el Cuarto Encuentro Multipartidario, en sentido de garantizar que los derechos políticos y de participación sean respetados, incluyendo la protección de los derechos de los votantes, los candidatos, los partidos políticos y las autoridades electorales.
