La Fiscalía informó de la apertura de una investigación contra dos hombres, acusados de quitarle la vida a un can en Llallagua. Las circunstancias, se informó, fueron en extremo crueles contra el animal, que fue agredido presuntamente con una picota.
“Ambos sindicados fueron aprehendidos y se encuentran con imputación formal para que asuman defensa. El caso se conoció cuando los vecinos de la zona 6 del municipio de Llallagua, reportaron el hecho al personal de la Fiscalía y a la Policía, que se constituyó a la escena del crimen para realizar las investigaciones de manera inmediata”, explicó el fiscal departamental de Potosí, Gonzalo Aparicio.
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El Ministerio Público identificó a los sindicados como Máximo V. G. y Florencio A. V., de 58 y 53 años de edad respectivamente. Los dos, como señaló Aparicio, se encuentran bajo aprehensión e investigados por el delito de biocidio. Ambos, de acuerdo con la denuncia, son responsables de quitarle la vida al can víctima.
BIOCIDIO
El caso se registró en el domicilio de los acusados, ubicado en inmediaciones de la calle Cárdenas del municipio de Llallagua, Potosí. Allí, de acuerdo con la denuncia, se agredió cruelmente al perro hasta el punto de quitarle la vida mientras él se encontraba amarrado.
“Se encontró al can sin vida, amarrado y con heridas presuntamente provocadas por una picota”, precisó el Ministerio Público mediante una nota institucional.
Ante la denuncia, las autoridades acudieron al lugar y encontraron el cadáver del animal. Entonces se empezó la investigación que ahora ha derivado en la aprehensión de ambos hombres, quienes se encuentran imputados y deberán enfrentar la Justicia.
“El hecho constituye una grave vulneración a la normativa de protección animal, por ello, ambos imputados están a la espera de su audiencia de medidas cautelares, que se llevará a cabo en el Juzgado de Instrucción Penal 1 de Llallagua”, dijo Aparicio.
La Ley 700, de 2015, establece la inclusión del delito de biocidio dentro del Código Penal boliviano. Las penas contra este delito llegan a cinco años de privación de libertad y se agrava cuando las víctimas son más de una, además de multas.
