Bolivia dio un paso clave en su transición energética con la aprobación de un financiamiento de $us 110 millones por parte del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para construir la Planta Solar Chichas, la más grande de su tipo en el país.
El anuncio fue realizado tras una reunión del Directorio de la CAF que se llevó a cabo en Sevilla, España, con la participación del ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui. El proyecto será ejecutado por la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) en el municipio de Tupiza, en la provincia Sud Chichas de Potosí, sobre una superficie de 110 hectáreas.
Con una capacidad instalada de 120 megavatios (MW), se estima que la planta generará anualmente 279.000 megavatios-hora (MWh) de energía solar limpia, suficiente para abastecer a más de 318.000 personas conectadas al Sistema Interconectado Nacional.
“El proyecto no solo fortalecerá la seguridad energética de Bolivia, sino que también impulsará el desarrollo económico local y reducirá las emisiones de CO₂, alineándose con los objetivos climáticos nacionales e internacionales”, afirmó el presidente ejecutivo de la CAF, Sergio Díaz Granados.
Puede leer: El empresariado perdió $us 1.500 millones durante los bloqueos evistas
La planta permitirá sustituir parte de la actual generación termoeléctrica basada en gas natural y se alinea con el Plan de Expansión del Sistema Interconectado Nacional 2024–2050, que tiene como meta alcanzar un 75% de energías renovables en la matriz eléctrica para 2032.
El financiamiento cubrirá la construcción de la planta, el equipamiento fotovoltaico, obras civiles y eléctricas, además del sistema de interconexión al Sistema Integrado Nacional. Entre los beneficios ambientales más relevantes está la reducción de más de 108.900 toneladas de dióxido de carbono al año.
Además del impacto ecológico, la Planta Solar Chichas generará empleo local, fortalecerá capacidades técnicas nacionales y posicionará a Bolivia como un actor más competitivo en el desarrollo de energías renovables en América Latina.
Ahora, el Gobierno deberá remitir formalmente el proyecto de financiamiento externo a la Asamblea Legislativa para que los diputados y senadores aprueben el desembolso.
