“Algún momento se sabrá la verdad histórica… Hay gente inocente…” Las frases son de Juan José Zúñiga Macías, el polémico general que lideró el asalto de la plaza Murillo del miércoles. Ayer fue remitido a la cárcel de Chonchocoro y luego a la de El Abra.
Al igual que el excomandante del Ejército, el Juzgado Quinto Anticorrupción determinó la detención preventiva por seis meses de Juan Arnez, exjefe de la Armada, y Edison Irahola, excomandante de la Brigada Mecanizada del Ejército. Los tres, imputados por los delitos de terrorismo y alzamiento armado contra la seguridad y la soberanía del Estado.
Tras la decisión judicial del viernes, la expectativa estaba centrada en el traslado a Chonchocoro de los tres militares, mientras se realizaba una nueva audiencia cautelar contra otros 14 implicados. El operativo movilizó ayer decenas de policías, una caravana de vehículos y el resguardo alrededor de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz.
Las órdenes provenían del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y el comandante general de la Policía Boliviana, Álvaro Álvarez, quienes pasaban revista a todo lo planificado. Hasta que a las 13.15, Zúñiga salió de las celdas policiales. Una marea de periodistas, micrófonos, cámaras… lo esperaba; Arnez e Irahola pasaron como fantasmas, sin llamar la atención, sin emitir declaraciones.
El exjefe del Ejército rompió la regla, como lo hizo el miércoles en la plaza Murillo. Sonriente, con una chamarra azul, sin miedo escénico. “Algún momento se sabrá la verdad histórica… Hay gente inocente”. Fue repartiendo frases tras sus pasos. “Con mucha fortaleza para afrontar las vicisitudes de la vida”, fue lo último que dijo cuando ingresó al motorizado que lo transportaría hasta Chonchocoro.
INSTRUCCIONES. “Hay muchas personas que están involucradas, otras han cumplido instrucciones, pero otras han sido parte de la comisión de este ilícito y toda la información se irá dando a conocer al pueblo”, afirmó Del Castillo, quien ante la consulta sobre el pedido de los abogados defensores para aplicar primero la justicia militar, no dio lugar a segundas interpretaciones. “No vivimos en época de dictaduras, si cometemos un tipo penal vamos a ser investigados por la justicia penal”.
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El miércoles, Zúñiga y efectivos del Ejército irrumpieron en la plaza Murillo, en lo que el Gobierno definió como “intento fallido de golpe de Estado”, e intentaron “tomar” la Casa Grande del Pueblo. Incluso, el general se insubordinó ante el presidente Luis Arce. “Me va a hacer caso”, le preguntó el mandatario en el ingreso al Paladio de Gobierno. “No”, respondió con un dejo desafiante el militar.
Zúñiga terminó aprehendido esa noche, tras parapetarse en el Estado Mayor de la zona de Miraflores. Ante los medios, dijo que solo obedeció una orden de Arce para movilizar las tanquetas, aunque posteriormente, en una “entrevista policial” que lleva su rúbrica, admitió que se organizó un “levantamiento” para “tomar el poder y llamar a elecciones”.
Cerca de las 15.00, las camionetas policiales llegaron a Viacha, a Chonchocoro. Allí, fue revisado por el personal médico, junto a los otros excomandantes. También fueron registrados por el personal penitenciario, informó a los medios el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias.
Posteriormente, fueron llevados a un área de aislamiento, para precautelar su seguridad e integridad física. El Consejo Penitenciario, dirigido por el gobernador del penal, debía definir en cuál de los tres bloques permanecerían los tres militares, por seis meses.
Pero sorpresivamente, Zúñiga fue transportado más tarde al penal de El Abra, en Cochabamba, porque, según Limpias, los internos de Chonchocoro lo declararon “persona no grata” y, por su seguridad, ante la posibilidad de incidentes de violencia, se tomó la determinación de su traslado.
Otros cuatro implicados son enviados a prisión
Otra audiencia cautelar en el proceso por el asalto militar del miércoles a la plaza Murillo acabó ayer con la determinación judicial de la detención preventiva de cuatro sindicados en la cárcel de Chonchocoro, mientras que los otros 10 se beneficiaron con arresto domiciliario. Todos fueron imputados por los delitos de terrorismo y alzamiento armado contra la seguridad y la soberanía del Estado.
Quienes irán a prisión son el general Franz Ordóñez, exjefe del Departamento Tercero de Operaciones del Ejército; Marcelo Gutiérrez, segundo excomandante de la Policía Militar; Raúl Barbery, excomandante de la Policía Militar; y Juan Mario Paulsen, exinspector general del Ejército.
En total, hay 21 detenidos por el proceso abierto por el Ministerio Público y la Procuraduría General del Estado. El principal acusado, Juan José Zúñiga, excomandante del Ejército, fue remitido a la penitenciaría de El Abra, en Cochabamba, mientras que los excomandantes Juan Arnez, de la Armada, y Edison Irahola, de la Brigada Mecanizada del Ejército, desde ayer se encuentra en la prisión de máxima seguridad de Chonchocoro, en la localidad de Viacha, en el departamento de La Paz.
El miércoles, Zúñiga lideró a efectivos militares, armados y en tanquetas, para el asalto al epicentro político del poder. El general incluso se insubordinó al presidente Luis Arce y anunció que había la intención de una “toma” de la Casa Grande del Pueblo y el nombramiento de un nuevo gabinete de ministros.
