Wilfredo Chávez, exprocurador y abogado del Movimiento Al Socialismo (MAS), denunció que el presidente de la Sala Constitucional Primera de La Paz, Israel Campero, también ejerce funciones como titular del Tribunal Administrativo en la Organización de los Estados Americanos (OEA) y, por ello, incurre en incompatibilidad de funciones.
“Israel Campero ejerce su cargo magistrado en la OEA y a la vez es presidente de la Sala Constitucional de La Paz. Esto no puede ser posible”, reclamó en entrevista con La Razón Radio.
El jueves, la Sala Constitucional Primera de La Paz instruyó “al Órgano Electoral Plurinacional la aplicación provisional del artículo 30 de la Ley de Organizaciones Políticas y el Reglamento para la Supervisión de Organizaciones Políticas en favor del accionante”. La resolución fue firmada por Campero y Alexis Angles.
La resolución de dicha sala se dio a conocer luego de que el TSE rechazara la solicitud de supervisión al congreso del MAS convocado por el Pacto de Unidad que respalda al presidente Luis Arce: campesinos, interculturales y bartolinas.
Chávez aseguró que Campero incurre en una gravísima falta y que, incluso, debería ser destituido, ya que comete delito de prevaricato por su última determinación. “Está fuera del derecho, no tiene autoridad moral”.
Anunció que el tema será planteado ante Consejo de Magistratura debido a que esa instancia prohíbe a los jueces el ejercicio de cualquier otro cargo judicial. “Si era juez antes, debió renunciar”.
Visto en la página web de la OEA, Campero figura en primera línea como presidente del Triubunal Administrativo 2024, seguido de otros jueces, Pablo Sandonato de León (Uruguay), Wilson Vallejo (Ecuador), María Cecilia Cáceres (Chile) y Janet Nosworthy (Jamaica).
Campero comenzó sus funciones en ese tribunal en enero de 2019, mientras Evo Morales presidía el país, y termina su mandato en diciembre de este año.
Por otro lado, Chávez aseguró que esa decisión de supervisión no debería acatarse por la independencia de poderes entre el Órgano Electoral y el Órgano Judicial. “No podía existir que una sala tutele la decisión y dar una medida cautelar”.
“Es un congreso ilegal e inconstitucional por la decisión que se asume y que pretende robarle la sigla (al expresidente) Evo Morales”, denunció.
Aseguró que la facción arcista no cumple con ningún requisito para la convocatoria al congreso, debido a que no cuenta con la firma de Morales (actual jefe del partido). “Esto está generando la reacción de nuestros dirigentes”.
Anunció que se analizarán medidas para evitar que se consume ese —en su criterio— acto ilegal. “Esperaremos a ver qué pasa y los efectos de los recursos”.
Asimismo, acusó al TSE de ser parte “del grupo de delincuentes” que busca “robar” la sigla del MAS. Reclamó que el país tiene un “gobierno de facto”, debido a que opera con sentencias, resoluciones y jueces. “Lo han hecho con las elecciones judiciales”.
Tras conocerse la supervisión del TSE al congreso arcista, Ponciano Santos, dirigente campesino afín a Morales, advirtió que la “guerra está declarada”.
Indicó que desde este viernes comienzan las movilizaciones, porque la decisión judicial no respeta la Constitución, las normas y la sigla del MAS.
Al respecto, Chávez afirmó que es una decisión que tomaron las organizaciones porque consideran que “un grupo de personas no militantes” les están arrebatando al instrumento político.
“Tenemos que indicar que las decisiones de a organizaciones del Pacto de Unidad vamos a respetarlas porque es algo que afecta a la democracia”, puntualizó.
El TSE determinó acatar “provisionalmente” la determinación de la Justicia, sin embargo, denunció una injerencia del Órgano Judicial.
Lea también: Tribunal de Pando admite acción popular y anula el proceso para las judiciales
